La histórica recolección de firmas para la reforma judicial fue insuficiente porque no alcanzó al millón y medio que se necesitaba. A los juristas independientes le exigieron no solo que todo sea manual (extremo que no ocurre en las elecciones), sino también le obligaron a transcribir todas las firmas en un soporte digital previsto en un reglamento, que terminó imponiéndose al derecho fundamental de los ciudadanos.

El gobierno y el tribunal supremo electoral, lejos de apoyar la cruzada, se ocuparon de boicotear de frente y a plena luz del día. Que se establezca legalmente el 20 por ciento de firmas del padrón electoral para promover una iniciativa ciudadana, cuando la media latinoamericana no pasa del 10 por ciento, constituye un verdadero obstáculo para el ejercicio de la democracia directa y participativa. Sin embargo, aunque la recolección de firmas concluyó el pasado 23 de abril, la exigencia ciudadana para la transformación de la justicia, debe y continuará hasta lograr este objetivo nacional. El cambio judicial no tiene plazo, fecha ni calendario; debe exigirse todo el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno y la clase política tengan la voluntad de transformar la justicia.

El modelo de justicia de los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce), ha fracasado, y no se conoce otra propuesta seria que la de los juristas independientes. La idea es terminar con la grosera injerencia política en la justicia; la persecución política-judicial; la exigüidad del presupuesto judicial; la falta de acceso a la justicia; la secundarización de la justicia indígena originaria campesina; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; la falta de carrera judicial; la politización del nombramiento de las Altas Cortes; la corrupción generalizada; la impunidad de los delitos. La propuesta coincide con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos.

Uno de los problemas centrales es que la designación de las principales autoridades judiciales está en manos del partido gobernante y por esta vía tiene el control total de la justicia. La reforma de la Constitución busca introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, que tenga carácter permanente, integrada por nueve (9) personalidades independientes, cuya designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa, y proponer candidatos al sistema universitario; a las organizaciones de la prensa; al Colegio Nacional de Abogados; a la Asociación Nacional de jueces y magistrados y al Sistema Indígena Originario.

La Comisión sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica, administrativa y funcional permanente, que realice la convocatoria y selección de postulantes, previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las y los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, y el Fiscal General del Estado, garantizando la paridad de género.

Las ternas debían enviarse a la Asamblea Legislativa para que proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. El cambio constitucional busca no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces.

El pueblo boliviano necesita jueces independientes, imparciales y competentes y un poder judicial fortalecido, capaz de erradicar los terribles problemas centenarios que padecemos. La cruzada ciudadana, lejos de ser un fracaso, pone en evidencia que hay un ejército compuesto de cerca de un millón de ciudadanos que exigen (con urgencia) la transformación de la justicia antes que sea demasiado tarde.