Políticos de la oposición y del ala radical del oficialismo ven que desde el Gobierno central hay la intención de hacer caer el proceso de preselección de los postulantes a magistrados con el fin de elegir a las nuevas autoridades por decreto y no a través de las elecciones judiciales que deberían llevarse a cabo en noviembre de este año. Con esta versión también coinciden los analistas.

El proceso está trunco por segunda vez debido a un fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante un recurso interpuesto por el diputado de Creemos Leonardo Ayala; situación que obligó a la Asamblea Legislativa (ALP) a suspender desde ayer el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial,

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) George Komadina explicó que, para subsanar las observaciones del TCP, se debe elaborar una ley de convocatoria y preselección de candidatos como se hizo para las elecciones judiciales en 2017, y no simple resolución y “el tiempo ya no da”.

Expresó su preocupación por las trabas que surgen para llevar adelante el proceso, toda vez que hay más recursos que fueron interpuestos ante el TCP que “están en lista de espera”. Por su parte, el diputado de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de pactar con la oposición con miras a designar a las autoridades del Órgano Judicial por decreto. Cree que hay una mano negra que quiere sí o sí truncar las judiciales.

Recordó que Lima dijo que cambiará la justicia, pero hasta el momento no mostró resultados.

Segunda vez

Es la segunda vez en menos de 16 días que se paraliza este proceso de preselección de candidatos a magistrados.

Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé, la nueva suspensión del proceso responde a una ruptura interna dentro del MAS e indicó que todo apunta a una elección vía decreto. “Dudo que haya elecciones transparentes; de que van a existir elecciones, van a existir y con un tiempo apretado, pero no creo que el masismo tenga la voluntad transparente de llevar a gente calificada de alto nivel a esos altos cargos. Ellos quieren poner a gente que se arrodille y esté a disposición del Presidente, sostuvo.

Bascopé señala que todo apunta a que el poder Ejecutivo nombre de manera interna a magistrados hasta que se solucione este tema. “Pero esos interinatos no pueden ser más de 90 días”, dijo.

Postulantes a magistrados

Desde el reinicio del proceso de preselección de candidatos hasta antes de la difusión del comunicado, la ALP recibió un total de 30 postulantes, de los cuales 8 eran para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 8 al Consejo de la Magistratura, 12 al Tribunal Supremo de Justicia y 2 al Tribunal Agroambiental.

La Asamblea Legislativa Plurinacional había reiniciado el proceso de preselección luego que una sala constitucional de Beni también paralizó la convocatoria el 13 de abril y obligó a los legisladores elaborar un nuevo reglamento.