El objetivo de convocar a un referéndum para reformar la justicia, por ahora, ha quedado trunco. Una larga carrera de obstáculos, impuesta por el propio Estado, además de la apatía y el miedo de una parte de la ciudadanía, ha impedido que se logren 1,5 millones de firmas para exigir un cambio constitucional vía iniciativa ciudadana.

Sin embargo, ha quedado claro que al menos 833.115 ciudadanos bolivianos tuvieron la valentía de poner su firma en los libros y pedir que se ponga un alto a la justicia corrupta que tanto dolor está causando a la gente.

Y decimos que son valientes porque existe un poder que atraviesa a los cuatro órganos del Estado que no quiere que se haga esa reforma judicial y que está dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para impedirla.

También fueron valientes los juristas independientes que decidieron impulsar esta titánica carrera sin tener recursos, aparato ni logística que los respalde. En el camino fueron sumando fuerzas de la sociedad civil, lo que permitió una movilización inédita para conseguir las firmas ciudadanas a lo largo y ancho del país.

Este puñado de personas abrió el camino para que la demanda ciudadana llegue a los oídos del sistema político, que ahora tiene la pelota en su cancha. Ya no podrán decir que dos o tres dirigentes políticos quieren boicotear las elecciones judiciales o que buscan desestabilizar al gobierno cuando se atreven a cuestionar la manipulación de la justicia. Ahora son más de 800 mil ciudadanos que pusieron su firma en los libros los que piden que la justicia sea independiente.

Al margen de lo que el sistema político vaya a hacer con la selección de candidatos a magistrados, hay que dejar sentado cuáles fueron los obstáculos que el sistema político puso a la iniciativa ciudadana.

Para empezar, reunir 1,5 millones de firmas es una tarea casi imposible de cumplir porque se requiere una fuerte cantidad de fondos y un complejo desplazamiento logístico que los ciudadanos comunes y corrientes, para quienes está orientada la iniciativa ciudadana, no tienen posibilidades de conseguir.

Segundo, el Tribunal Supremo Electoral ha ido poniendo una serie de requisitos que han complicado aún más el cumplimiento del objetivo, pese a que su labor es garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Primero, ha pedido imprimir los libros, luego ha exigido que sean notariados, después ha rechazado el uso del biométrico y finalmente ha exigido que, en caso de cumplir la meta, se transcriba cada una de las partidas manualmente. Todo eso implicaba tiempo y una erogación de fondos que fácilmente hubiera llegado al millón de dólares.

Tercero, la Asamblea Legislativa, que está dominada por el oficialismo, ha acelerado el proceso de selección de candidatos judiciales, ignorando que existía una iniciativa ciudadana en curso y dando el mensaje de que la justicia continuará como siempre: manipulada por el poder político.

En tercer lugar, el Órgano Judicial ha rechazado un recurso planteado por los juristas para evitar el requisito de la transcripción de libros. Y, finalmente, quien ha estado operando esta estrategia transversal ha sido el Órgano Ejecutivo, en la persona del ministro de Justicia, Iván Lima, quien ha desahuciado una y otra vez la iniciativa ciudadana.

A estos obstáculos oficiales, hay que agregarle los clandestinos, aquellos que se operaron por debajo con la finalidad de desprestigiar la iniciativa. Una fuerte campaña que circuló por grupos de WhatsApp y en redes sociales ha perforado la iniciativa con mentiras, como aquella que indicaba que los juristas buscaban abrir la Constitución para introducir la reelección indefinida o, en el otro extremo, la campaña que afirmaba que los juristas respondían a la ultraderecha y que buscaban la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho. Había un mensaje para cada bando.

Entre una cosa y la otra fueron sumando obstáculos para impedir que los ciudadanos se expresen con libertad; pese a eso, hubo más de 800 mil que sí lo hicieron. Ellos serán el germen de una nueva justicia en Bolivia, tarde o temprano.