El Gobierno dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la decisión final de las elecciones judiciales, luego de haber suspendido el proceso, y sugirió buscar un “acuerdo nacional” entre todos los actores políticos que permitan garantizar hasta el 31 de diciembre a los nuevos magistrados.
Mediante una resolución de la comisión de admisión del TCP se determinó suspender provisionalmente el proceso para elegir a candidatos a magistrados, debido a que el reglamento y la convocatoria debieron ser aprobados mediante una ley tal como ocurrió en el proceso de 2017.
El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó que el vicepresidente David Choquehuanca tiene 15 días para prestar su posición como presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a la decisión asumida.
Una vez que se concrete el pronunciamiento, el TCP debe emitir una sentencia constitucional que va a “blindar por completo” el proceso que fue paralizado por segunda vez. Estimó que en un plazo de 45 días se podría emitir una respuesta de los magistrados.
“La decisión del TCP, cuando hay una acción abstracta, es vinculante a la Asamblea Legislativa, lo que defina el TCP va a ser el camino final para garantizarle al pueblo boliviano dos derechos que son fundamentales: tutela judicial efectiva y acceso a la justicia”, sostuvo Lima.
“Necesitamos que todas las fuerzas políticas y los que no tienen representación parlamentaria como esos juristas que tienen más de 800.000 votos que los respaldan sean parte de una mesa de trabajo y de un gran diálogo nacional. Solamente con diálogo con consenso y con acuerdos vamos a garantizar al pueblo boliviano la transición que nos están pidiendo”, sostuvo.
Con los plazos aun reducidos tras ser la segunda ocasión en la que se suspendió el proceso judicial, Lima dijo que se tienen siete meses para que los actores políticos se pongan de acuerdo y lograr una transición de los actuales magistrados el 1 de enero de 2024.
Entre las posibilidades que se podría analizar en el debate es que por la vía control de constitucionalidad y convencionalidad u otros elementos que puedan incluso suspender el voto popular de las elecciones judiciales.
