Después de siete días de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y aprobó un nuevo reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes al Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó ayer por segunda vez el proceso y ordenó la “suspensión provisional” del registro.

Desde el MAS ven salidas, como la designación de magistrados interinos y Comunidad Ciudadana (CC) advierte que toda esta situación es una maniobra del MAS y del Gobierno para aprobar un “decretazo” y mantener a los actuales magistrados.

Fallo del TCP

“La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional resuelve (...) HA LUGAR la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado 11.4 del presente Auto Constitucional; y por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación de la R.A.L.P. 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 y todos los actos emergentes de esta, incluyendo el Reglamento y la Convocatoria de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023), hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa, dicte la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional”, se lee en el tercer punto del auto de la Comisión de Admisión del TCP.

La decisión judicial se da en respuesta al recurso de Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que presentó el 24 de abril el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala contra el segundo reglamento y la convocatoria que lanzó el Legislativo el viernes 20 de abril.

El diputado Ayala, en su recurso de Acción Abstracta, observa que la ALP aprobó el reglamento y la convocatoria solo con una Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no así con una ley, como en las pasadas elecciones del Órgano Judicial en 2017.

El TCP en su fallo dispone que esta suspensión se ponga en conocimiento del presidente de la ALP, David Choquehuanca, “en representación del ente emisor de la normativa impugnada a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios en el plazo de 15 días, a partir de su legal notificación”.

Para los legisladores Óscar Balderas y Luciana Campero, de CC, esta nueva traba al proceso de preselección no es nada más que una estrategia planificada del MAS y del gobierno de Luis Arce porque no les conviene la elección popular de nuevos magistrados y buscan mantener a los actuales, que son “serviles” a su dirección.

La estocada final de esta estrategia sería emitir un “decretazo” para mantener a los actuales tribunos, advirtió el diputado Óscar Balderas. “Para nosotros esto es la antesala de un ‘decretazo’ para que las autoridades del Órgano Judicial se prorroguen indefinidamente”, dijo a Unitel.

Para el diputado Renán Cabezas, del MAS, existen “fuerzas desconocidas” que buscan que los bolivianos no acudan a las urnas para elegir a nuevas autoridades judiciales y adelantó que la ALP debería trabajar en una norma para designar magistrados saltando el proceso constitucional de elección popular.

“En este caso tendríamos que elaborar una ley especial para que la Asamblea Legislativa designe magistrados interinos en tanto y cuando la Asamblea Legislativa no postule por dos tercios a los postulantes al Órgano Judicial”, dijo Cabezas.

La diputada opositora Campero observó que ahora el TCP atiende de forma acelerada “amparos constitucionales, recursos abstractos, cuándo en su vida atendieron con esa rapidez procesos de impacto”. Ve que ésa es otra estrategia del oficialismo. “El MAS busca frenar la elección judicial para seguir sometiendo a la justicia a su poder, más aún cuando han visto que los juristas independientes han conseguido casi un millón de firmas como una forma de medir la molestia del ciudadano boliviano contra la justicia”.