La alianza opositora cruceña Creemos está contra la pared. Mientras el sistema judicial amplió por cuatro meses la detención preventiva en Chonchocoro para el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso “golpe I”, siete legisladores de esa agrupación, entre nacionales y departamentales, son procesados penalmente por la toma del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz.

Los legisladores de la alianza rechazan las acusaciones en su contra y dicen que tiene un trasfondo político con el único afán de callar a Creemos, que cuestiona al Movimiento Al Socialismo (MAS) y fiscaliza al gobierno de Luis Arce.

Caso “golpe I”

Luciendo su banda oficial de Gobernador del departamento de Santa Cruz, con un saco gris, un rosario en la mano izquierda, con barba y bigotes crecidos y visiblemente decaído. Así participó Camacho desde la cárcel de Chonchocoro en la audiencia de ampliación a la detención preventiva solicitada por sus denunciantes: la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la exdiputada Lidia Patty.

Luego de ser presentados los incidentes en una audiencia que duró alrededor de tres horas, el juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, dio curso al pedido del Gobierno y determinó que Camacho siga encerrado por cuatro meses más en la cárcel Chonchocoro.

“El juez primero de instrucción anticorrupción y de violencia (...) declara fundado el incidente de ampliación a la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, como así también por la víctima, disponiéndose hoy (ayer) la ampliación de detención preventiva del señor Luis Fernando Camacho por un tiempo solicitado (...) de cuatro meses más”, dijo Laura en su parte conclusiva.

El juez no dio curso a las observaciones presentadas por la defensa del Gobernador cruceño.

Horas después de emitido el fallo, desde la cuenta oficial de Facebook de Camacho se publicó el siguiente mensaje: “Una vez más la justicia juega a favor de los que llevan años hostigando, persiguiendo y reprimiendo a los que no se venden y negocian. Lo que no saben es que el pueblo está despierto pidiendo justicia y democracia”.

En tanto, la defensa de Camacho en la audiencia judicial anunció que planteará el “recurso de apelación incidental” a la resolución de Laura, “pidiendo que en 24 horas se remitan los antecedentes al Tribunal Superior en grado quedando entretanto en suspensión cualquier resolución que hubiese dictado su autoridad”.

El viernes 21 de abril se conoció que la Fiscalía amplió la imputación contra Camacho por el caso “golpe I” con otros delitos más. Entre ellos está financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos.

Denunciados por Naabol

Son siete legisladores de Creemos, todos cruceños, que fueron denunciados por el Gobierno por la toma del aeropuerto internacional Viru Viru. Ellos son los senadores Henry Montero y Erick Morón, los diputados Walthy Eguez y Erwin Bazán. También están los asambleístas departamentales Zvonko Matkovic, quien es presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña; Paola Aguirre y Keila García. Además de esos siete hay otra persona particular acusada.

La denuncia contra los legisladores fue presentada ante la Fiscalía el 30 de diciembre de 2022 por Elmer Pozo Oliva, en su calidad de director general de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). Los acusa por la presunta comisión de cuatro delitos penales por los actos en la terminal aérea. Son instigación a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, atentado contra la seguridad de los transportes y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Ayer fueron citados a declarar el diputado Walthy Eguez y la asambleísta departamental Paola Aguirre. Ambos se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio.

Al respecto, el senador Montero, que es uno de los denunciados, dijo a Página Siete que tanto la ampliación preventiva contra Camacho como la denuncia contra los legisladores representan una arremetida política del MAS.

“Esto es para poder callarnos. Somos legisladores que siempre estamos cuestionando el accionar del MAS y de la justicia. Quieren acallar a la oposición, pero nosotros vamos a estar firmes para seguir luchando por la democracia, por la libertad y por una justicia independiente”, aseguró Montero.