Los obispos de la Iglesia católica de Bolivia expresaron este martes su preocupación por la "incertidumbre" en cuanto a la situación de la economía del país y también urgieron a encarar una "profunda renovación" de la cuestionada Justicia boliviana.
Los prelados emitieron un pronunciamiento al concluir la CXII Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en el que advirtieron sobre "sombras y oscuridades" que se deben afrontar "con fe, sinceridad y buena voluntad".
"Tal es el caso de la incertidumbre que se cierne a nivel económico y que golpea con más fuerza a los más pobres. La situación económica en nuestro país precisa buscar soluciones sinceras y despolitizadas por el bien de todos", dice el mensaje leído ante los medios en la ciudad central de Cochabamba por el secretario general de la CEB, Giovani Arana.
En los últimos meses se ha vivido un escenario de incertidumbre en Bolivia por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), las escasez de dólares y los reportes negativos de las calificadoras de riesgos.
El fin de semana, el Gobierno de Luis Arce acusó a la "derecha nacional e internacional" de querer acortar el mandato del presidente con una "ofensiva" que apunta a generar zozobra y que "tiene como centro de ataque" a la economía nacional.
JUSTICIA Y EDUCACIÓN
Por otra parte, los obispos hicieron un llamado a los gobernantes y "a quienes ejercen la política" en Bolivia a trabajar "por una democracia auténtica" y pidieron asumir "con responsabilidad y seriedad el desafío que supone la crisis que atraviesa la Justicia" en el país.
"Existe en nuestra sociedad una urgente necesidad de encarar una profunda renovación de la Justicia, que haga que vuelva a su auténtico rol y servicio al ciudadano", indicaron los obispos.
La Justicia boliviana arrastra desde hace décadas una crisis provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Una crisis que persiste pese a algunos intentos por superarla, como la elección por voto popular de los altos cargos en el órgano judicial que introdujo la Constitución vigente desde 2009.
Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos, y el proceso para las elecciones de este año está nuevamente en tela de juicio pues los candidatos deben ser preseleccionados en el Legislativo, de mayoría oficialista.
La CEB también reiteró su "preocupación por la situación de la educación en Bolivia, que actualmente atraviesa una realidad conflictiva" por las protestas que realizan desde hace varias semana los sindicatos de maestros urbanos en rechazo al nuevo contenido educativo introducido este año por el Gobierno de Arce.
Los prelados volvieron a sumarse a los pedidos para revisar la nueva malla curricular porque "denota una falta de participación, escucha y diálogo" con los sectores involucrados.
El magisterio urbano reclama al Gobierno un mayor presupuesto y más ítems para la educación y rechaza el nuevo plan de estudios al considerar que está "ideologizado" porque promueve la "ideología de género" y la visión política del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Los maestros también cuestionan la creación de nuevas asignaturas como robótica o ajedrez, que no tienen una carga horaria separada, ni tampoco recursos o docentes capacitados para dar esas materias.
Los prelados emitieron un pronunciamiento al concluir la CXII Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en el que advirtieron sobre "sombras y oscuridades" que se deben afrontar "con fe, sinceridad y buena voluntad".
"Tal es el caso de la incertidumbre que se cierne a nivel económico y que golpea con más fuerza a los más pobres. La situación económica en nuestro país precisa buscar soluciones sinceras y despolitizadas por el bien de todos", dice el mensaje leído ante los medios en la ciudad central de Cochabamba por el secretario general de la CEB, Giovani Arana.
En los últimos meses se ha vivido un escenario de incertidumbre en Bolivia por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), las escasez de dólares y los reportes negativos de las calificadoras de riesgos.
El fin de semana, el Gobierno de Luis Arce acusó a la "derecha nacional e internacional" de querer acortar el mandato del presidente con una "ofensiva" que apunta a generar zozobra y que "tiene como centro de ataque" a la economía nacional.
JUSTICIA Y EDUCACIÓN
Por otra parte, los obispos hicieron un llamado a los gobernantes y "a quienes ejercen la política" en Bolivia a trabajar "por una democracia auténtica" y pidieron asumir "con responsabilidad y seriedad el desafío que supone la crisis que atraviesa la Justicia" en el país.
"Existe en nuestra sociedad una urgente necesidad de encarar una profunda renovación de la Justicia, que haga que vuelva a su auténtico rol y servicio al ciudadano", indicaron los obispos.
La Justicia boliviana arrastra desde hace décadas una crisis provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Una crisis que persiste pese a algunos intentos por superarla, como la elección por voto popular de los altos cargos en el órgano judicial que introdujo la Constitución vigente desde 2009.
Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos, y el proceso para las elecciones de este año está nuevamente en tela de juicio pues los candidatos deben ser preseleccionados en el Legislativo, de mayoría oficialista.
La CEB también reiteró su "preocupación por la situación de la educación en Bolivia, que actualmente atraviesa una realidad conflictiva" por las protestas que realizan desde hace varias semana los sindicatos de maestros urbanos en rechazo al nuevo contenido educativo introducido este año por el Gobierno de Arce.
Los prelados volvieron a sumarse a los pedidos para revisar la nueva malla curricular porque "denota una falta de participación, escucha y diálogo" con los sectores involucrados.
El magisterio urbano reclama al Gobierno un mayor presupuesto y más ítems para la educación y rechaza el nuevo plan de estudios al considerar que está "ideologizado" porque promueve la "ideología de género" y la visión política del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Los maestros también cuestionan la creación de nuevas asignaturas como robótica o ajedrez, que no tienen una carga horaria separada, ni tampoco recursos o docentes capacitados para dar esas materias.
