A la vista del proceso en curso para la “elección popular” de nuevos altos cargos del sistema de administración de justicia (magistrados del TSJ, TCP y consejeros de la magistratura), lamento sostener que estamos ante la crónica anunciada de otro fracaso más, con lo que no solamente —como estado y sociedad— habremos cometido no un error, sino repetido por dos veces más, de yapa. Cicerón sentenció:

“Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él”.

Actualmente, en medio de idas y venidas (amparos de por medio), nuevamente la Comisión de Constitución (sí, leyó bien) de la Cámara de Diputados acaba de aprobar otra vez mediante su rodillo oficialista, un reglamento kachanchadito del anterior (y los previos) que, arreglando una reverenda estupidez consignada, mantiene otras y, en realidad, confecciona un nuevo traje a la medida para intentar, repetirnos al soberano la dosis de nuevos MASistrados (no con G, sino son S).

El nivel de sinvergüenzura es tan, pero tan profundo, que por enésima vez se han vuelto a pasar por el forro (para no escribir otra palabrita que el amable lector se imaginará) sus “compromisos” asumidos ante el soberano y la comunidad internacional —léase NNUU, OEA, CIDH, etc.— que fueron hipócritamente discurseados, cuando les invitan a que vengan, acerca de la voluntad de imprimir una genuina reforma al actual desastre del sistema de justicia. Si bien la elección de sus altos cargos no es todo, repercute de manera significativa en su funcionamiento y fuera buena prueba de voluntad política para avanzar. Nada de ello ocurrió y, me temo con dolor pues me consta cómo funciona el sistema, se avanzará en el salto al vacío.

Y es que a la clase política —cuando está en el poder— no le interesa genuinamente construir un tercero imparcial que le impida hacer perseguir a sus “enemigos” y encubrir sus sistemáticos delitos y a sus acólitos; requieren de juristas del horror que les hagan ese trabajo asqueroso, mientras ellos discursean demagógicamente sobre reforma, idoneidad, transparencia y otras estrategias envolventes.

Ven al sistema judicial como su sirviente —algunos, no todos, de sus operadores reptan a cambio de las sobras del banquete y algo de pompa, entusiastas les ayudan— y no tienen ni siquiera el sentido común y peor una pizca de inteligencia, para darse cuenta de que así continuamos lanzándonos misiles a nuestros pies al perpetuar una “justicia” profundamente penetrada por el servilismo, la corrupción, la retardación, la falta de idoneidad, de transparencia y, por supuesto, independencia y objetividad, entre muchos otros vicios que han causado que desde años atrás ocupemos sistemáticamente el podio de los peores sistemas de justicia no sólo regionales, sino globales: pregúntenle por ejemplo al afamado índice del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), entre muchos otros.

No obstante, más allá de esa coyuntura, reitero que el pecado original nació en la Asamblea Constituyente cuyo producto —masacre de La Calancha de por medio—, la actual CPE, populacheramente “inventó” el sistema de elección popular de esos altos cargos, sin ningún antecedente serio en el orbe. El sentido común y aún más la legislación comparada y la doctrina, enseñan que esos altos cargos no requieren ser “populares” para resultar electos, sino idóneos. Ellos cierran el sistema de justicia ordinaria y constitucional y/o gobiernan el Órgano Judicial, y ello no requiere de niveles de popularidad sino de idoneidad para el ejercicio de tan altas como delicadas funciones que exigen de alta preparación técnica, además de un avanzado sentido de dignidad propia y respeto por los derechos de los terceros sobre los que se expedirán. No son vedets, sino técnicos. Cada intervención suya debiera darnos una clase de derecho, no lo que ahora ocurre.

No existen sistemas perfectos de elecciones de altos cargos, pero los que saben enseñan que, con sus luces y sombras, al final del día dependen del nivel de institucionalidad de los Estados. Aquí, so pretexto de revolución y otras estrategias envolventes, la débil institucionalidad que se construyó ha sido arrasada por el tsunami populista y totalitario cumpliendo la franquicia y receta del socialismo del siglo XXI. Y el sometimiento del sistema de justicia constituye pieza clave para la afirmación de dictaduras disfrazadas de supuestas democracias. Así estamos, aunque como Borges ya lo había dicho, mutatis mutandis: Nunca se sabe cuán bajo más se puede caer…