El Derecho es una de las ciencias sociales de más larga tradición histórica y académica, tanto que en las universidades más reconocidas del mundo la carrera de Ciencias Jurídicas goza de especial prestigio y reconocimiento. Naturalmente, Bolivia no es la excepción.

Una materia fundamental en los primeros cursos es Introducción al Derecho, en la cual se mencionan los antecedentes históricos más remotos como la Ley de las XII Tablas o el Código de Hammurabi.

También se aprende, sobre las fuentes del Derecho: la doctrina, la costumbre (common law), la ley (derecho positivo), la jurisprudencia y el derecho comparado, a las que ahora se añade el estudio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establece obligaciones progresivas e ineludibles para todos los Estados.

Un juez, de cualquier instancia que sea, debe tener conocimiento abundante sobre los antecedentes mencionados porque su compromiso legal y ético no sólo es aplicar la ley, sino ante todo administrar justicia, y para ello se necesita honestidad, sabiduría y probidad.

Y aquí debemos marcar un primer punto aparte porque sabemos que en Bolivia los jueces honestos sabios y probos son casi inexistentes.

Una muestra de ello es lo ocurrido recientemente en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cuyos vocales Jimmy López y Diego Ramírez, pusieron una computadora para que el ChatGPT sea utilizado como herramienta para fundamentar su fallo en una Acción de Privacidad contra tres periodistas, que publicaron fotografías sin el consentimiento de una víctima de violación, según reza la denuncia.

ChatGPT le dio la razón a la víctima. Los jueces copiaron, pegaron, sellaron y firmaron. Si todo fuera tan sencillo, que los litigantes introduzcan datos y adjunten archivos, que se reemplacen los jueces por algoritmos y demos ejemplo al mundo de lo adelantados que somos los bolivianos. Pero no, no es un asunto tan simple.

Lo valioso de un fallo judicial, en cualquier instancia, es la ratio decidendi, es decir: el análisis de los hechos, la ponderación de derechos, la argumentación y la filosofía jurídica con la que un administrador de justicia asume una decisión; por eso el conocimiento de las fuentes del Derecho es esencial desde el día en el que una persona decide estudiar para ser juez, fiscal o abogado litigante.

Dirán algunos especialistas que la inteligencia artificial es un gran avance. Y por supuesto que puede incidir positivamente en el Derecho, por ejemplo, para acceder a la jurisprudencia correcta con mayor grado de certeza, para transcribir testimonios o procesar cierto tipo de pruebas como el reconocimiento de huellas dactilares, o para que los expedientes sean totalmente digitales, pero de ahí a que ChatGPT le dicte al juez hay un mundo de distancia.

Mientras tanto, en este mismo país un grupo de abogados independientes lucha contra la corriente para tratar de impulsar un referendo para reforma de la justicia.

El Tribunal Supremo Electoral, muy purista en el Derecho, les dio 90 días para recolectar un millón y medio de firmas y les obligó a transcribir las mismas para lo cual necesitan por los menos dos meses, 300 transcriptores y 4,5 millones de bolivianos, aproximadamente.

Y en el tercer lado del triángulo se aproximan las elecciones judiciales entusiastamente impulsadas por el MAS y el ministro de Justicia, votación en la que seguramente los bolivianos tendremos que elegir entre lo malo y lo peor, porque los candidatos serán seleccionados por parlamentarios oficialistas que responden a sus jefes más que al propósito de devolverle la majestad a la justicia.

No en vano el refrán popular dice; “que Dios te libre de la justicia boliviana”, que seguirá sometida al poder político de turno y donde jueces que tienen más “inteligencia artificial” que conocimiento del Derecho.