La sala constitucional cuarta del tribunal departamental de justicia de Santa Cruz ha sorprendido al mundo litigante, operadores judiciales y a la opinión pública con la utilización de la tecnología para resolver una acción tutelar. El presidente del tribunal advertía que, dado que se encuentra en boga la utilización de la inteligencia artificial en todas las ramas del quehacer humano, la “administración de justicia” no puede quedarse al margen de la utilización de esta herramienta y de la tecnología en general.

El uso de esta herramienta tecnológica no solo ha permitido al tribunal contar con insumos en el acto y transparentar el proceso constitucional, sino también optimizar el tiempo en la dictación de la resolución. El uso de esta tecnología no supone reemplazar la decisión personal de los miembros del tribunal, ya que sirve de apoyo para clarificar algunos conceptos y mejorar la administración de justicia en términos de celeridad, eficiencia, transparencia e independencia.

Los jueces invocaron los artículos 178-I y 103.I-II de la Constitución, que proclaman el acceso a una justicia plural, rápida, pronta, oportuna, gratuita y transparente, y que el hacer uso de una herramienta tecnológica (chat OpenAi), buscan hacer justicia con el apoyo de la tecnología. El presidente hizo la pregunta, que habían considerado pertinente en función de la acción constitucional, y la herramienta respondió en el acto y terminaron fundamentando la decisión en la consulta y respuesta de la herramienta tecnológica.

La inteligencia artificial en la administración de justicia no debe asustar a nadie siempre que se haga un uso correcto de la tecnología. Se trata de un sistema tecnológico que ofrece soluciones asimilables a las de la inteligencia humana. La normativa europea (Ley de Inteligencia Artificial de 21 de abril de 2021), entiende por sistema de inteligencia artificial: el software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa.

Los españoles han establecido que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías de rápida evolución que puede generar un amplio abanico de beneficios económicos, y sociales en todos los sectores y las actividades sociales. Incluso han elaborado el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, donde se comienza a abordar el concepto en sus múltiples posibilidades. La publicación pretende la implementación ordenada, homogénea, integral (en todos los sectores y actividades) y a gran escala de la inteligencia artificial en busca de la excelencia. La inteligencia artificial busca concretar la idea de una justicia automatizada, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que la resolución de una controversia sea obra de un robot o de una máquina.

La inteligencia artificial ha revolucionado los procesos judiciales en Europa, donde muchas de las actuaciones judiciales suponen un alto grado de automatización en los procedimientos y las decisiones. La tecnología genera “la actuación procesal producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular”.

En Europa las decisiones basadas en algoritmos persiguen la rapidez y certeza jurídica en la aplicación del derecho, y la seguridad en el resultado. Uno de los elementos relevantes de toda esta cuarta revolución es la colaboración y cogobernanza en materia de Administración Electrónica. De ahí que las Administraciones competentes se obligan a garantizar la prestación del servicio por medios digitales, homogéneos, de calidad y que aseguren en todo el territorio una serie de servicios mínimos: i) la itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre cualesquiera órganos judiciales o fiscales; ii) la interoperabilidad de datos entre cualesquiera órganos judiciales o fiscales; iii) un servicio común, interoperable, personalizado, de acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración de Justicia que afecten a la ciudadanía; y iv) la identificación y firma de los intervinientes en actuaciones y servicios no presenciales.

El uso de la inteligencia artificial supone no solo un gran avance (y desafíos) sino también nuevos paradigmas para el sistema judicial boliviano.