El grupo de juristas independientes concluye hoy el proceso de recolección de firmas de adhesión ciudadana para buscar la reforma judicial en Bolivia a través de la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CEP), que será puesta en consulta con la población en un referendo popular, si se llega o supera el 1,5 millones de rúbricas.

La entrega de los libros está prevista por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para martes 25 de abril y, en caso de rechazo, adelantan una impugnación, señala el jurista independiente Juan del Granado.

Sin embargo, en caso de tener una cifra aproximada al 20 por ciento requerido por el TSE, se evaluará una solicitud de ampliación del plazo y, si hay una brecha considerable, se desestimará la entrega de los libros, explican los juristas. 

Una vez cumplida la primera etapa, el siguiente paso es la entrega física de los 1.500 libros al TSE, pese a que un reglamento interno establece que además se debe acompañar la transcripción de las partidas en un medio digital, tarea inviable en tiempo y en costos para los juristas, reitera Del Granado.

El jurista independiente aclara que si bien el “rechazo” de los libros no está establecido en el reglamento y, en caso de no ser aceptados, aún quedan recursos jurídicos pendientes.

Si bien la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz negó el amparo constitucional de los juristas en contra del presidente y vocales del TSE para ser exonerados de la transcripción de los datos de las partidas, este fallo fue elevado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se espera un veredicto favorable.

“No se sabe cuándo se pronuncie el TCP porque tiene un año de demora de la resolución de recursos como el nuestro, tiene un gran rezago que es parte de la retardación de justicia”, señala Del Granado.

Menciona que se vieron obligados a acudir a las autoridades judiciales que quieren cambiar. “Es una paradoja en la que nos ha puesto el Tribunal Supremo Electoral al pretender imponer un reglamentos por encima de la Constitución Política del Estado”, menciona.

El abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera, miembro del equipo de juristas, va más allá y señala que será la gente la que defienda su derecho a ejercer la democracia participativa establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) si el TSE mantiene una exigencia que no figura ni en la CPE ni en la Ley 060.

La jurista independiente Kathia Saucedo dice que la actividad será intensa hasta el martes 25 porque se encuentran en la etapa de recepción de libros y conteo de firmas, tomando en cuenta que hay libros distribuidos en los nueve departamentos del país e incluso en provincias alejadas. Sobre la cantidad de rúbricas, adelanta que no están en condiciones de dar esa información.

En relación a una solicitud de ampliación de plazo al TSE, Rivera explica que no pueden tomar ninguna determinación hasta conocer la cantidad de firmas ciudadanas obtenidas en esta etapa del proceso.

De acuerdo con los juristas, se logró superar el millón de firmas, pero mañana se conocerá la cifra exacta. “Necesitamos un conteo lo más preciso posible y el traslado de los libros que están en otros departamentos y provincias”, añade Del Granado.

El artículo 23 de la Ley de Régimen Electoral (026) señala que, para que se logre convocar a un referendo, deben recabarse al menos el 20 por ciento del padrón electoral, lo que significa 1,5 millones de firmas en todo el país. “La reforma parcial de la Constitución Política del Estado podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma del al menos el veinte por ciento del electorado a nivel nacional”, señala la norma.

Antes de llegar al referendo, se contempla la revisión de las partidas por parte del TSE y, en caso de que no haya observaciones, se envía la propuesta de preguntas de los juristas al TCP con el fin de validarlas.

Una vez logrado el visto bueno del TCP, el TSE tiene que solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una ley para la convocatoria a referendo y luego debe encargarse de organizar el proceso.

Cruzada

Los juristas independientes comenzaron la iniciativa de la reforma judicial el 22 de septiembre de 2022 con tres grandes objetivos: la designación de jueces independientes e idóneos, mejorar la asignación presupuestaria del Órgano judicial y lograr una administración judicial para todos.

Los principales cuestionamientos del grupo de juristas fueron la urgencia de lograr la independencia del sistema judicial del Órgano Ejecutivo.

La propuesta de este grupo de juristas contempla la modificación de 12 artículos de la CPE y la incorporación de dos artículos nuevos, todos relacionados con el accionar de la justicia. Los artículos que proponen modificar son el 158-5, 181,182, 183, 187, 178, 193, 194, 179, 190, 191, 192, 197 y 198 y nuevos a incorporarse hacen referencia al acceso a la justicia y la conformación de una Comisión Nacional de Postulaciones.

Los artículos nuevos a incorporarse en la CPE hacen referencia al acceso a la justicia y a una Comisión Nacional de Postulaciones para la preselección de magistrados.

La propuesta planteada por los abogados contempla también la designación del 3 por ciento del presupuesto del Tesoro General del Estado y la profundización de la justicia indígena originaria a través de sus autoridades con base en sus principios, valores, normas y procedimientos propios,

La cruzada tuvo el apoyo de organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia católica y evangélica, de la Fundación Jubileo y de cientos de voluntarios.

Propuesta de preguntas

*¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la CPE para crear una Comisión Nacional de Postulaciones?

* ¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la CPE para otorgar al Órgano Judicial un presupuesto mínimo anual del 3 por ciento?

* ¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la CPE para que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejerzan la Justicia Originaria?