En su visita in loco, realizada al estado boliviano a fines de marzo del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que uno de los problemas sistémicos que atraviesa Bolivia está relacionado a la situación de la  justicia, señalando que una cuestión estructural que afecta a la sociedad boliviana entera es la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera se caracteriza por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial.

En Bolivia la justicia se ha manejado históricamente de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno. Esto lleva a largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas y personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad; igualmente, se observa un retardo procesal, particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. En este panorama no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal.

Estos aspectos ya fueron señalados también en la visita oficial a Bolivia del Relator de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García Sayán quien, invitado por el gobierno, estuvo en el país entre el 15 y el 22 de febrero de 2022 y cuestionó la administración judicial en Bolivia, especialmente: la mantenida injerencia política en la administración de justicia; la persistencia de patrones de persecución político-judicial; la exigüidad del presupuesto judicial; la falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario, entre otros.

Con estos datos sobre los problemas estructurales que atraviesa la justicia boliviana, la preocupación actual versa en el modo en que se está realizando la persecución política de una mujer enferma, a quien tuve la oportunidad de ver en un video en redes sociales, en el que se observa a la imputada, una ex ministra con una grave enfermedad degenerativa que ha sido sometida a una traqueotomía, ser sujeto de un trato cruel e inhumano por parte del juez, quien ha obviado los derechos de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en derechos humanos, ya que en todos ellos se señala que las personas detenidas o sometidas a un proceso deben ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a su  persona, a sus derechos y garantías fundamentales y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Este caso deja a la justicia boliviana muy por debajo de los estándares internacionales mínimos concernientes a los derechos humanos y se observa la injerencia política y la poca sensibilidad del juez ante un caso de enfermedad tan grave.

De acuerdo con datos de prensa de fecha 19 de abril de 2021, a la ex ministra Heidy Roca, le otorgaron detención domiciliaria, siendo que es una persona de la tercera edad y con problemas de salud que debe ser atendida regularmente. La ex autoridad está imputada por la compra de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio. Las acusaciones contra Roca son: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las medidas sustitutivas a la detención preventiva que dictó la Justicia en contra de la ex ministra de Salud fueron: una fianza de Bs 70 000, arraigo, presentación ante la Fiscalía cada viernes, sin derecho al trabajo. Por motivos de salud debe trasladarse a otro país, para recibir la atención adecuada y observamos en la audiencia virtual, la falta de sensibilidad y de respeto a la dignidad de las personas por parte del juez, que se circunscribe a leer el informe forense, por supuesto desfavorable para la ex ministra. Dicha autoridad no proporcionó una respuesta adecuada en base a criterios de humanidad, de derecho y de vida digna.

El principio de humanidad implica la necesidad de actuar para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. El respeto por la dignidad humana y ayudar a las personas, independientemente de quiénes sean y dónde se encuentren, es fundamental en la doctrina de los derechos humanos.  La dignidad humana es consustancial al ser humano, ya que es inherente a su condición de personas, la tiene toda persona por su sola condición “humana”. La dignidad humana implica que toda persona es en ella misma sagrada, porque en ella palpita la esencia de la humanidad.

El juez y los fiscales al mando del proceso actuaron violando su salud, la integridad física y psicológica de la imputada, no se aseguraron condiciones mínimas que sean compatibles con la dignidad de la acusada, olvidando el juez que cuando administra justicia debe respetar a las personas sin discriminación alguna y respetar sus derechos fundamentales.

La conducta del juez es una grave injusticia y cada vez estoy más convencida de que la justicia boliviana necesita una profunda reforma del sistema, que garantice una plena y efectiva independencia judicial, para alcanzar la consolidación de un estado constitucional de derecho.