El tercer gabinete ampliado del Gobierno de Luis Arce definió ayer un plan de reconstrucción de la economía boliviana a través de la industrialización, sustitución de importaciones y la diversificación de fuentes de ingreso para evitar la iliquidez y para mantener la estabilidad de los precios en los mercados. El plan se ejecuta en un complejo contexto financiero nacional e internacional. El Ejecutivo no descarta medidas inmediatas, como la ley del oro y aumento de la producción.

Las autoridades también asumieron otros compromisos como transparencia y lucha contra la corrupción, cuidado de la Madre Tierra, fortalecimiento de estrategias contra la desinformación, políticas en beneficio de la juventud, cumbre con el Pacto de Unidad, relaciones internacionales con países afines y respeto a los principios ideológicos del MAS.

“No solo podemos estar alimentados bajo un único eje de ingresos económicos en el sector hidrocarburífero, sino que se van a desarrollar y se está trabajando en que la economía tenga un brazo industrializado en el litio, plantas de alimentos y soberanía alimentaria e industrialización agropecuaria. Este conjunto de iniciativas va a posibilitar que el Estado tenga distintas fuentes de ingreso que le va a permitir tener una economía multifactorial”, aseguró el vocero presidencial, Jorge Richter.

Aclaró que habrá un trabajo estructural a largo plazo que incluye la conclusión de la construcción de dos plantas de biodiesel y de la planta de HBO. La respuesta inmediata será incrementar la producción para tener mayores ingresos de divisas y aumentarla capacidad de exportar.

“Si aumenta la producción va a requerir menos importaciones y eso beneficia a la acumulación de divisas”, afirmó el vocero presidencial.

El encuentro realizado en el Parque de Las Culturas en La Paz contó con la participación de ministros, viceministros y otras autoridades en medio de complicaciones económicas que el Ejecutivo sobrelleva mediante créditos que requieren de aprobación en la Asamblea Legislativa, donde la gestión de Arce perdió fuerza.

En un mes, las agencias internacionales Fitch Ratings, Moody´s y Standar & Poors colocaron en la mira la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la falta de divisas como un factor que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de Bolivia.

El 18 de abril, el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, dijo que en el “golpe” el país se quedó sin dinero y que, por eso ahora, el Gobierno está acudiendo a créditos, pero que algunos en el legislativo no quieren aprobar.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consultada sobre las trabas en el Legislativo en torno a la aprobación de proyectos de ley, manifestó que espera “una respuesta madura y responsable” de los legisladores que tienen al menos 10 iniciativas legislativas, de las cuales nueve son para gestionar créditos.

Henry Montero, senador de Creemos, cuestionó que desde el 8 de noviembre de 2020 (fecha de posesión oficial de Arce como presidente) hasta el 16 de marzo de 2023 se han aprobado y promulgado 21 empréstitos por un total de $us 2.552.497.595.

Este monto no contempla los otros préstamos que se pretenden aprobar en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa como, por ejemplo, cuatro créditos por un total de $us 219,3 millones aprobados en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores y que fueron remitidos al pleno del Senado para su aprobación y posterior promulgación.

Desde la lectura del Gobierno, actores políticos de la derecha interna y externa “no cesan” en sus intentos de desestabilizar al Ejecutivo y la democracia por eso creen que se ejecuta una “ofensiva” de ataque contra la economía “para generar incertidumbre y zozobra en la población para instalar la idea de crisis económica y así allanar el camino a una crisis política que pretende, incluso, acortar el mandato del presidente Lucho Arce”, dice la primera conclusión del ampliado.

Otras resoluciones

El gabinete ampliado arribó a por lo menos 11 conclusiones. Entre las que destacan las cumbres por la reconstrucción económica y productiva con la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad. La fecha será definida con los dirigentes.

Otro aspecto es la lucha “frontal y efectiva” contra la corrupción. El diputado evista Héctor Arce antes de que se emitieran las conclusiones del ampliado pidió al Gobierno “transparentar una gestión que está siendo golpeada y afectada por sus mismos funcionarios corruptos, a quienes se encubre y protege desde los más altos niveles de decisión”.

La resolución número ocho refiere al fortalecimiento de las relaciones internacionales “en base a principio de dignidad, soberanía, de solidaridad, complementariedad y reciprocidad”, especialmente con aquellos países y bloques regionales con los que el Gobierno comparte “la construcción de un mundo libre de dominaciones, explotaciones, racismo y toda forma de discriminación”.

El pronunciamiento se da luego de la reunión del canciller Rogelio Mayta con el agente diplomático de Estado Unidos, Mark Wells, y que provocó molestia del jefe del MAS, Evo Morales, por la intención de reponer embajadores.

“La primera acción del gobierno de facto de Áñez fue intentar reponer embajadores con EEUU para que vuelva la DEA. Cualquier intento de relaciones diplomáticas de alto nivel debe ser con respeto mutuo y siempre y cuando EEUU extradite a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Murillo”, condicionó Morales.

El líder oficialista también cuestionó la visita al país del norte por parte del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para explorar nuevas fuentes de financiamiento para “fortalecer” la economía del país.
Sobre ambos casos, el masismo afirmó que existe un alejamiento “evidente” del Gobierno respecto del modelo económico y político del MAS-IPSP.

Aunque el Ejecutivo no se dirigió directamente a las alusiones, sentenció que “somos un gobierno del pueblo, somos un gobierno del MAS, somos un gobierno de las organizaciones sociales, somos un gobierno que no ha traicionado y no traicionará los principios antiimperialistas, anticapitalistas, anti neoliberales,antipatriarcales, y anticolonialistas de nuestro instrumento político, MAS que es el brazo operativo de las organizaciones sociales”, refiere la última conclusión de gabinete. Sin duda, la división del MAS sorteó dificultades en contra del presidente Luis Arce.