Pese a ser una jurista reconocida, Katia Saucedo no trabajó en el Órgano Judicial y espera “no hacerlo nunca porque debe ser fatal”. Ella sabe que es fatal, por eso se integró al grupo de juristas independientes que se impusieron la titánica tarea de recolectar 1,5 millones de firmas para pedir la reforma de la Constitución con la finalidad de cambiar la justicia boliviana. Ese proceso termina hoy domingo.

En el inicio de su carrera, Saucedo trabajó con René Blattmann, el ministro de Justicia que encaró una importante reforma judicial en la década de los 90. Fue su viceministra, luego asesoró en materia constitucional a la primera defensora del Pueblo, Ana María Romero, dirigió un proyecto de la GTZ para la reforma penal y luego se sumergió “en la burbuja” de la docencia.

Saucedo tiene acento oriental porque nació y estudió una parte de su carrera en Santa Cruz, pero su visión y experiencia en defensa de los derechos humanos, la Constitución y las leyes es nacional. En esta entrevista con Página Siete relata la odisea que supone en Bolivia ejercer la democracia directa. Se necesitan millones y sortear las insólitas trabas que pone el Estado.

¿Cómo evalúa este proceso histórico en el que la ciudadanía pide reformar la Constitución?

Independientemente del resultado que tengamos este domingo, por primera vez en la historia de este país, el tema justicia ha salido de la esfera jurídica y se ha puesto en la discusión de la mesa de la ciudadanía. Además, por primera vez en la historia de este país grupos de abogados y no abogados han llevado a cabo una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución. Hemos visto estos casos paradigmáticos, como el de Jhiery Fernández, el caso Aramayo, el caso Apaza y otros que de repente no han sido tan públicos, pero siempre hay un amigo, un pariente, un familiar, alguna persona conocida que te cuenta su tragedia y su historia. Ese último video que hemos sacado con Osorio, donde la justicia está recibiendo choques eléctricos para ser revivida, grafica un escenario de terapia intensiva y casi de muerte cerebral.

¿Cómo se ha logrado esta sinergia a nivel nacional con tantas instituciones y voluntarios?

Ha sido muy difícil. Al inicio salimos casi solos. Éramos apenas de 10 personas. El gestor inicial fue Juan del Granado, que se comunicó con cada uno de nosotros y empezamos a redactar por separado la propuesta. Luego nos dimos cuenta que había que empezar a hablar con la sociedad civil, para lo que viajamos por los distintos departamentos. Íbamos solamente uno de nosotros porque no había más fondos; convocábamos a la gente y de ahí salieron dos sugerencias, la inclusión del fiscal general y cómo garantizar la paridad de género. Reelaboramos la propuesta para incluir esos dos temas y se la presentó de manera formal al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en julio del año pasado.

¿Qué trabas encontraron en el camino? ¿Hubo intencionalidad política en esas trabas?

Al inicio nosotros pensamos que era parte de ese proceso de aprendizaje conjunto. Ellos experimentando por primera vez una petición de esta naturaleza y nosotros también ensayando la iniciativa ciudadana en el marco de la democracia directa. Nos han dicho que hemos sido un poco ingenuos, pero en nosotros siempre hubo buena fe. Presentamos la propuesta y el TSE se tardó cinco meses en aceptar las preguntas; de hecho, las observó y nosotros, para no entrabar el trámite, decidimos aceptar sus recomendaciones. Después vino el tema del plazo, nos dieron 90 días que era un plazo corto para la cantidad de firmas que debíamos colectar -un millón y medio, 20% del padrón electoral- y en ese plazo estaba incluida la impresión de los libros. Reclamamos también, demoró un poco el Tribunal, pero nos aceptó la petición y dijo que el plazo se cuenta descontando el tiempo de la impresión de los libros. Luego nos cambian el reglamento y nos dicen que hay que notariar, pero los notarios tenían que hacer un pago de 5 bolivianos (por libro) al Estado, eso significaba un montón de dinero. Entonces, reclamamos al Tribunal, demoró un poco en responder y al final aceptó que no se haga notariar, para lo que modifica su reglamento. Con esa tranquilidad empezamos la recolección de firmas. Luego nos dimos cuenta de que los partidos políticos usaban el biométrico y que eso nos puede facilitar enormemente. Hicimos la solicitud y ahí empieza el cambio de posicionamiento del Tribunal, nos niega el uso del biométrico. Desconocemos cuáles fueron las razones, pero el Tribunal cambia notoriamente de actitud con nosotros y nos niega el biométrico, que hubiera facilitado enormemente la iniciativa ciudadana. Luego viene la famosa transcripción de partidas. Efectivamente, nosotros recibimos el sistema informático en enero, pero hasta ahora no nos han dado el código de acceso. Los informáticos a los que consultamos nos alertan que esto es un enorme problema porque hay que pasar los datos de las partidas de manera manual al sistema y eso toma cerca de 20 minutos por partida, mucho más que el tiempo para llenar físicamente la partida. Y nos dicen que hay que contratar aproximadamente 200 a 250 personas que trabajen 24/7 para hacer la transcripción de partidas; pero tenemos un problema adicional, nosotros para llenar las partidas y transcribirlas tenemos que esperar que los libros sean devueltos, no es que van paralelo. Entonces, esos dos meses y medio de trabajo no se pueden contar en paralelo, sino que se tiene que hacer después de que el libro llega.

¿Si tuvieran que transcribir, a partir de ahora, necesitarían dos meses y medio más?

Claro, dos meses y medio más adicionales.

¿Y el plazo cuándo concluye?

Este domingo. Entonces, se da cuenta en qué situación estamos.

¿Eso quiere decir que la iniciativa ciudadana naufraga aquí?

Un momento. Vimos que se venía una catástrofe encima y no nos quedamos ahí. Hicimos consultas a algunos partidos políticos porque ellos hacen esto, pero para ellos es 1,5% del padrón electoral, nosotros 20%, hay 18,5% de diferencia. Ellos nos dan los datos de un par de empresas, que nos dicen que cobran 6 bolivianos por partida, pero por ser nosotros una estructura ciudadana sin financiamiento, nos pueden cobrar 3, lo que da 4,5 millones de bolivianos. De dónde nosotros sacamos semejante cantidad de dinero, imposible. Apenas hemos logrado reunir los 150 mil bolivianos para la impresión de libros. A pesar de que ya nos había negado el biométrico el TSE, decidimos hacer la solicitud.

¿Si les aceptaban el biométrico se hubiera obviado el paso de la transcripción?

No se hubiera obviado, pero hubiera sido súper fácil, porque el aparatito escaneaba y se iba directamente al padrón.

¿Y no hubieran necesitado ni el tiempo ni el dinero?

No, nada. Hubiera sido muchísimo más fácil. A nosotros nos han dado un trato mucho más exigente que a un partido político. Entonces, decidimos hacer la solicitud al Tribunal el 13 de febrero y un mes después nos llega la respuesta donde básicamente se nos dice “no es problema nuestro que ustedes no tengan el dinero”. Imagínense, el Estado tutelador de derechos, administrador de nuestro proceso, nos dice “es tu problema, ve qué hacer”. Volvimos a solicitar y nos vuelven a contestar que se ratifica la decisión. Con eso interponemos el amparo (ante la justicia). Usted dirá cómo acuden al sistema de justicia cuando están diciendo que el sistema es corrupto. Cuál era la otra opción. Hemos usado el marco de la institucionalidad porque es una herramienta de la democracia directa que está puesta en la Constitución. Yo tenía esperanza de que un buen argumento puede generar una reacción positiva, pero la audiencia fue fatal y los argumentos son los que nos han dejado todavía más sorprendidos de lo normal. Nos han dicho que reconocen la discrecionalidad reglamentaria del TSE, lo que significa que cualquier órgano administrativo tiene discrecionalidad para reglamentar lo que considere conveniente, por encima de los derechos, garantías, norma constitucional; eso significa que usted y yo, cualquier persona, está en un estado de indefensión absoluta. Lo peor de todo es que el magistrado, el doctor Campero, dijo que él consideraba que los argumentos eran prudentes, eran convenientes, eran impecables, que los compartía, pero luego dice: “Me veo impedido de aceptar la tutela. Y por tanto se denegará tutela porque hay un reglamento”. Sin embargo, a las 4 de la tarde (del mismo día), el tribunal departamental del Beni ante la petición de una persona, anuló el reglamento de las elecciones judiciales. Ahí hay una tremenda incongruencia entre el trato a una persona y nosotros que somos 16 y con un montón de firmas por detrás. En rigor de verdad, si nosotros no logramos colectar el millón y medio de firmas y no logramos conseguir el dinero para transcribir las partidas y no logramos tener una salida legal hasta el domingo, en los hechos sucede que la democracia directa no se ejerce, nunca más en este país va a poder ejercer iniciativa ciudadana si no tiene un respaldo económico de semejante envergadura. Póngale pluma, 4,5 millones para transcripción, más 150 mil bolivianos en impresión de libros, más los estipendios, tampos, bolígrafos, movilidades, la pequeña campañita de comunicación que se hizo, los traslados de nosotros, que han salido de nuestros bolsillos, el envío de los libros, el retorno de los libros, nada de eso es gratis. Están diciendo que la iniciativa ciudadana para reformar parcialmente la Constitución no se hace nunca más porque está destinada a gente que pueda movilizar cantidades enormes de fondos, quienes tengan la posibilidad de mover, 5 o 10 millones de bolivianos. Nosotros no, imposible.

Aún si consiguieran los fondos, ¿qué hacen con el plazo que vence este domingo, tendrían que pedir una prórroga?

Se va a decidir el domingo al filo de la tarde qué se hace.

¿Cuándo se va a saber cuántas firmas han obtenido? Porque si no hay 1,5 millones no tiene sentido hacer nada.

Claro, es así. Se va a hacer un comunicado público entre el lunes y martes, aunque yo creo que la decisión va a ser tomada el domingo, al final de la tarde, porque el plazo se vence el domingo. Ahorita todos estamos trabajando a puerta cerrada en el conteo de firmas y también en la depuración.

Aunque no llegaran a 1,5 millones, ¿la legitimidad de las firmas podrá frenar el proceso de elecciones judiciales o el decretazo del que tanto se habla?

La idea nuestra era que la iniciativa ciudadana pudiese reformar la Constitución para que esta Comisión Nacional de postulaciones seleccione a las altas cortes alejada de criterios ideológicos partidarios. Ahorita, los dos escenarios que se estaban dando eran por un lado la elección judicial y por otro lado la colecta de las firmas y la reforma constitucional. Tengo entendido que Comunidad Ciudadana ha anunciado que en caso de no colectar las firmas o no poder transcribir las partidas, ellos prevén retomar el proceso para reformar la Constitución de manera parcial, pero vía Asamblea Legislativa. Pero, ahí tienen otro problema, porque se necesitan dos tercios y ni un lado ni el otro los tiene. Pero usted toca un tema importantísimo, el de la legitimidad ciudadana. El hecho de haber logrado un número X de firmas da una pauta de que hay un porcentaje grande de la ciudadanía que no está de acuerdo con este sistema y que se animó a ponerle la firma. También otro porcentaje muy grande de gente que no se animó a firmar porque tenía miedo y eso nosotros lo hemos comprobado con funcionarios, policías, militares. Otro tema ha sido la campaña de desprestigio, que ha sido fuertísima. En Santa Cruz decían que éramos un grupo encubierto del MAS, que estábamos abriendo la Constitución para meter la reelección. Acá en La Paz se decía que éramos un grupo de la derecha oligarca, que estábamos tratando de gestionar la libertad de Camacho. Esos discursos en ciertos sectores poblacionales calaron de alguna manera. Pero, independientemente del resultado, yo creo que hay un tema de legitimidad.

¿Qué opina sobre las modificaciones al reglamento de las judiciales, que suprime el requisito de la no militancia y el parentesco con altos cargos?

Una pena, la tendencia debería ser a restringir de la manera más drástica el tema de la influencia político partidaria, pero lo que se está haciendo es precisamente abrir las posibilidades de que haya más candidatos con militancia partidaria y también con parentesco (con altos cargos).

Es probable que el Parlamento no logre dos tercios de votos para elegir candidatos, ¿qué puede pasar en ese escenario?

Complicadísimo. Lo ideal hubiera sido reformar parcialmente la Constitución y dotarle al Estado de otro sistema de selección para sacar a la Asamblea Legislativa (del proceso). Ése era uno de los postulados. En la Comisión Nacional está la Asamblea, pero está con dos representaciones, una por bloque de mayoría y otra por bloque de minoría, en condiciones igualitarias, además de otras instituciones, de modo que haya pluralidad para disminuir la injerencia política. Si siguen adelante, van a tener que volver a la negociación pactada y al cuoteo.

¿Qué implicaría un decretazo para la justicia tomando en cuenta que ya está casi muerta?

Quitarle el respirador. Ahorita está con respirador la justicia, está respirando de forma asistida; con el decretazo se le quita el respirador porque el decretazo es una medida absolutamente inconstitucional. Nombrar a los magistrados por decreto le daría al Órgano Ejecutivo la posibilidad de intromisión expresa y contundente sobre otro órgano en el que no tiene ninguna posibilidad de intervención.