La Constitución Política del Estado (CPE) puede y debe entenderse como un conjunto de acuerdos de voluntades entre la ciudadanía y el Estado, con la finalidad de regular el poder que a este último se le cede. En otras palabras, las Constituciones están para garantizar los derechos de los ciudadanos y limitar el poder punitivo del Estado.

Como las Constituciones son un acuerdo de voluntades expresadas en normas jurídicas y sacramentadas en un texto constitucional, estas voluntades también están sujetas a modificaciones porque la historia cambia, las personas cambian y los resultados esperados de acuerdos previos también motivan al cambio, según lo experimentado.

Esto último, fue lo que sucedió en relación con la recolección de firmas impulsada por los juristas independientes en el país, para modificar parcialmente la Constitución respecto de los artículos que establecen que las autoridades del Órgano Judicial son elegidas mediante sufragio universal de ternas elegidas de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante 2/3. Ya que esto ha permitido que el Órgano Judicial se llene de abogados corruptos y sin mérito académico para administrar la justicia, subordinando el Poder Judicial a los favores políticos de quienes los ha electo, con la consiguiente crisis judicial.

Sin embargo, para que esta iniciativa prospere se debe contar con 1,5 millones de firmas (20% del padrón electoral actual). Además, se exige representación territorial, el 15% de cada padrón electoral departamental. Si el Tribunal Supremo Electoral acredita estos requisitos, la iniciativa pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se debería aprobar, con mayoría absoluta, una ley de convocatoria a referendo. Pero, en los últimos días, el TSE ha lanzado una nueva trampa en su ya vergonzosa participación en la historia del país, obligar que estos 1,5 millones de firmas sean digitalizadas, para ser validadas, prácticamente limpiándose el trasero con las garantías constitucionales y poniendo un requisito casi imposible de garantizar por el tiempo y presupuesto de esa iniciativa ciudadana.

Por tanto, la obligatoriedad impuesta por el TSE a los juristas independientes de tener que digitalizar el millón y medio de firmas para activar un mecanismo democrático como el referéndum previsto, en el Art 11 parágrafo II, inciso 1 de la CPE, limita el derecho al ejercicio de una forma de democracia como es la democracia participativa y directa, porque si hay una obligatoriedad tan pesada como la de la digitalización, cualquier iniciativa ciudadana que por esta vía trate de modificar parcialmente la CPE tendrá que tener mucho dinero para que pueda ser impulsada, negando la posibilidad de que otras modificaciones de sectores populares puedan ser impulsadas y limitando los alcances de la democracia participativa y directa.

Por otra parte, el art. 24 de la CPE es claro cuando señala que la petición individual o colectiva merece respuesta pronta y que el único requisito es la identificación, no pidiendo más que ello. Entonces, lo que ha hecho estos últimos días el TSE es desastroso no solo en relación a la podredumbre del Órgano Judicial, sino también en relación con la democracia y la garantía de nuestros derechos. Porque está claro que, en este país, se están vulnerando de manera criminal los derechos y usando de papel higiénico los acuerdos prevsistos en la Constitución, por intereses partidarios y económicos de quienes no administran, y una vez más el TSE se ha prestado a ello.