También se observó la forma de selección de magistrados al órgano judicial, los entes internacionales exhortaron al estado revisar ese proceso. A la vez, los entrevistados coincidieron que las cumbres de justicia de 2012 y 2016 no tuvieron resultados para reformar la justicia.

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Foto Ilustrativa

La Paz, 18 de abril de 2023 (ANF).- Desde 2021, la falta de independencia de la justicia en Bolivia fue cuestionada por al menos siete informes de organismos internacionales: Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía internacional, Unión Europea, Human Rights Watch (HRW), Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y World Justice Project.

El 27 de marzo, una delegación de alto nivel de la CIDH realizó una visita ‘in loco’ al país para verificar in situ de la situación de los derechos humanos, se reunieron con autoridades de Gobierno, sociedad civil y víctimas. Posteriormente, presentó un informe preliminar donde evidenció la falta de independencia judicial por dos razones.

"La cuestión estructural que afecta a la sociedad boliviana toda entera es la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera, falencias normativas y debilidades institucionales, y la segunda, por la ausencia de independencia judicial. En Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno”, indica una parte del informe.

El primer informe que criticó la politización de la justicia fue de los expertos del GIEI en agosto de 2021, donde resaltó que la falta de independencia cobró mayor dimensión en el ámbito penal y se evidenció en los conflictos de 2019.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial”, dice el documento.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín, advirtió de la existencia de otros informes que observaron al sistema judicial, pero cree que el Gobierno no escuchará las recomendaciones porque les interesa mantener el control de ese órgano del Estado.

“El partido oficialista hace oídos sordos porque pretenden mantener el control sobre la justicia, mantener esta crisis, a pesar de que ellos también han sido víctimas. El Órgano Judicial no obedece estrictamente al MAS, en realidad obedece al partido que está gobernando, porque las críticas contra el Órgano Judicial también fueron dirigidas a Jeanine Añez cuando estaba en la presidencia”, explicó.

Los informes

El Comité contra la Tortura de la ONU, en diciembre de 2021, estableció que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Publico se evidenció en los procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores. 

En febrero de 2022, el relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, Diego García-Sayán, también emitió un informe tras visitar el país a solicitud del Gobierno, donde estableció que, aparte de carecer de independencia, la justicia estaba afectada por la corrupción y era ineficiente. Estas aseveraciones fueron ratificadas en el marco del 50 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas

El documento contenía 10 puntos, entre ellos resalta una carrera judicial débil y con una gran cantidad de jueces transitorios. La impunidad frente al delito y la deficiente formación de jueces y fiscales, algunos de ellos implicados en hechos de corrupción.

En junio de 2022, se conoció el Índice del Estado de Derecho elaborado por World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial) el que señaló que Bolivia ocupaba el puesto 129 entre 139 naciones evaluadas.

En enero de este año, la Human Rights Watch (HRW) emitió el informe mundial de Derechos Humanos (DDHH) donde afirmó que el gobierno de Luis Arce fracasó en la reforma judicial, que se buscaba garantizar su autonomía y el debido proceso.

Tras la llegada de Arce a la presidencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se trabajaría en la reforma judicial y se conformó una comisión de notables que iban a evaluar diferentes aspectos, pero al final se desintegró.

28 de marzo de 2023, Amnistía Internacional alertó sobre la injerencia de las autoridades del Ejecutivo en el sistema judicial. Además, el informe señala que esto deriva en “problemas estructurales”. El documento también advirtió que los defensores de los derechos humanos en el país han sido sometidos a actuaciones judiciales por criticar al Gobierno.

Al respecto, el coordinador de la Fundación Construir, Marco Antonio Loayza, consideró que estos informes le preocupan al Gobierno, pero solo realizará algunas ‘medidas parches’ para señalar que están cumpliendo con las observaciones que se realizaron a la justicia.

“Al Gobierno claro que le preocupan estos informes porque son de organismos internacionales, pero la estrategia es hacer un tipo de parches, porque reportarán como un avance y dirán que se ha hecho varias acciones para reformar la justicia. Lo único que están haciendo son medidas paliatorias, pero no una reforma estructural”, explicó.

Elecciones judiciales

Estos informes también observaron la selección de los magistrados del Órgano Judicial, García – Sayán criticó que esté a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa, el escaso porcentaje de votos de los postulantes, la baja participación del electorado. Recomendó llegar a un acuerdo nacional para reformar la justicia con la participación de diversos sectores.

El Comité contra la Tortura de la ONU exhortó al gobierno revisar el proceso de selección, evaluación y remoción de jueces y fiscales, porque estaba a cargo de un ente político.

En ese sentido, Loayza lamentó que el oficialismo no haya tomado en cuenta las recomendaciones de los entes internacionales y se dé continuidad al proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa.

Al momento, la bancada del MAS en el Legislativo debate nuevamente el reglamento para la preselección de postulantes, después de que un fallo constitucional dejó sin efecto la primera convocatoria y anuló todo el proceso.

Maldonado advirtió que el rechazo de la población a este proceso será aún mayor a comparación de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 donde el voto nulo llegó a más del 50%, porque se evidenciaron diferentes aspectos negativos en el sistema judicial.

Cumbres fallidas

Por otra parte, otro de los anuncios que hizo Lima fue realizar una tercera "cumbre de Justicia" en 2022, que no se concretó, pues ese encuentro solo podía funcionar con todos los actores con representación en el parlamento y finalmente las fuerzas opositoras no quisieron participar para no avalar medidas “parche”.

Loayza recordó que se realizaron dos cumbres judiciales en 2012 y 2016, dijo que en la ‘Primera Cumbre Judicial Plurinacional’, de diciembre de 2012, participaron sectores ligados al ámbito de la justicia, este proceso no fue muy difundido. Aseveró que las conclusiones de ese encuentro no se cumplieron.

En el libro, Reforma Judicial en Bolivia ‘elementos para el diagnóstico’ de Ramiro Orias, señala que entre las conclusiones estaba incrementar el presupuesto del 0,15% al 3% del Presupuesto General del Estado (PGE) para una autonomía económica.

Sin embargo, ese hecho fue deslegitimado por el Ejecutivo que lo calificó como un “total fracaso”. El encuentro no terminó en un plan de implementación o una agenda común entre todos los órganos judiciales, ni recibió el apoyo político necesario para poder avanzar en sus metas trazadas

La segunda cumbre judicial se llevó a cabo en junio de 2016, en Sucre, donde asistieron, en mayor proporción, sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, Colegio Nacional de Abogados y otros sectores ligados al tema jurídico.

Se instalaron seis mesas de trabajo: modalidad de elección de magistrados, acceso a la justicia, retardación de justicia, corrupción, política criminal, formación y capacitación de jueces.

Loayza explicó que una de las propuestas interesantes del Gobierno era eliminar la designación de los magistrados por voto popular, pero esa idea fue truncada por los sectores sociales, quienes arguyeron que ese hecho fue una conquista social.

“El Gobierno establecía eliminar la elección popular de los magistrados a través del voto popular, no se hizo caso de este elemento. Incluso, en el discurso de inauguración el vicepresidente (Álvaro García Linera) dijo que se debía cambiar, pero en el debate los sectores sociales lo rechazaron porque era una conquista social, por tanto, no debía modificarse”, puntualizó.

En febrero de 2017, se promulgó la Ley de la Comisión de seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por los presidentes de la Cámara de Senadores, Diputados, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado y un representante del sistema universitario.

El exsenador disidente del MAS Eduardo Maldonado aseveró que estos procesos fueron fallidos porque las conclusiones no se cumplieron, una de ellas era incrementar el presupuesto al Órgano Judicial, la institucionalización de los jueces que tampoco surgieron grandes avances.

“Lo que ha demostrado todo este tiempo es que las cumbres de justicia, prácticamente, han sido escenarios donde se debió instalar un debate genuino de la sociedad civil, pero se ha visto que se ha patentizado la cooptación del poder político a las organizaciones sociales. Estas cumbres sociales de justicia no generaron cambios en la justicia”, expresó.

Propuesta ajena al Gobierno

Ante estos hechos, desde el 2022, el grupo de Juristas independientes propuso reformar la justicia a través de un referéndum constitucional para modificar la constitución política del Estado. En enero comenzó el proceso para recolectar 1,5 millones de firmas. Sin embargo, enfrentaron diferentes obstáculos, Juan Del Granado afirmó que pese a esas acciones continuarán con esa iniciativa.

“Estamos en los días finales de la gran cruzada nacional, las autoridades de Gobierno la han convertido en una carrera de obstáculos. Lamentablemente hemos tenido un contraste en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal Constitucional, todo está de cabeza, nos imponen que debemos transcribir de forma electrónica el millón y medio de firmas”, manifestó.

Dicha transcripción le representaría cubrir más de 4 millones de bolivianos, recursos económicos que no cuentan porque se trata de una iniciativa de ciudadanos. Los miembros de esta iniciativa protestaron que las instituciones estatales no coadyuven para el ejercicio de la democracia participativa.