Las trabas que enfrenta la única iniciativa seria de comenzar una reforma del sistema de administración de justicia en Bolivia —mediante un referendo de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE)— tendrían que motivarnos aún más a apoyarla.

Esa propuesta, planteada hace nueve meses al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por una decena de juristas independientes, está en los últimos días de su etapa de recolección de firmas de electores que respalden la realización de la consulta popular.

Apenas iniciado el proceso de registrar las adhesiones para viabilizar el referendo, autoridades del Gobierno y asambleístas del oficialismo se dedicaron a desestimar su validez y oportunidad, sin siquiera considerar la pertinencia de las cuatro preguntas que plantea esa consulta.

El presidente del TSE directamente la desahució, quizás con la seguridad de que el requisito de entregar los registros de firmas en soporte digital, además de los libros llenados, era imposible de cumplir.

El TSE, mediante resoluciones administrativas, impone a los promotores de esa iniciativa constitucional la obligación de cubrir los costos de impresión de los libros para las firmas requeridas y —lo que es más oneroso y difícil— de transcribir las partidas que registran el nombre y otros datos de quienes apoyan la propuesta de referendo, en un “medio óptico”, es decir, un soporte informático.

Con simples resoluciones administrativas, el TSE restringe el ejercicio pleno de un derecho constitucional. Y un tribunal de justicia lo respalda.

Así, resulta que la iniciativa ciudadana para reformar la CPE o revocar a una autoridad elegida —los dos casos en los que los bolivianos podemos ejercer la “democracia directa y participativa, por medio de referendo”, instituida en el artículo 11 de la Constitución— es un derecho prácticamente imposible de ejercer, a menos que esa intención tenga el respaldo de una organización suficientemente grande y solvente.

Era de esperarse, como está por demás mencionar los casos —innumerables— que evidencian la descomposición del aparato judicial.

Una reforma judicial es urgente, la propuesta de los juristas independientes es la única opción actual y real para iniciarla, y no apoyarla firmando la adhesión a la iniciativa de referendo es admitir que tenemos el sistema de justicia que merecemos.

Si se logra el objetivo de recolectar el millón y medio de firmas necesarias, “tendremos la legitimidad ciudadana para vencer los obstáculos, avanzar hacia un referendo y concretar esta reforma judicial” proclama uno de los juristas independientes. Y tiene razón.