El proceso para las elecciones judiciales fue abruptamente interrumpido, dejando a los bolivianos con la incertidumbre respecto a quiénes ocuparán los altos cargos de la justicia. Ya no hay tiempo para acabar las etapas y tampoco hay voluntad; de unos porque saben que estos comicios nunca sirvieron para nada; de los otros porque quizás buscan manipular el recorrido, a fin de tener magistrados sumisos y serviles, que sean designados por un decretazo.

   La Constitución Política del Estado establece que las altas autoridades del Poder Judicial deben ser elegidas mediante voto popular. Este proceso, que fue vendido como la gran hazaña que iba a corregir todos los problemas del sistema judicial boliviano, ha sido un verdadero fracaso. Y esto lo reconocieron masistas y opositores, abogados, fiscales, jueces, etc. Y lo han padecido los bolivianos de a pie, que son los que deben litigar en ese sistema tan desprestigiado.

   La clase política en la Asamblea Legislativa Nacional acordó un reglamento para la selección de postulantes a los altos cargos de la justicia. Los requisitos fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo que no se objete la militancia política anterior para los aspirantes a ser parte del Tribunal Constitucional. Más allá de estas dudas, oficialistas y opositores demoraron bastante para ponerse de acuerdo hasta que lo lograron.

   Fueron pocos los postulantes que se presentaron, pero cuando faltaban pocos días para el final de la etapa, se conoció de cuatro demandas contra el reglamento. Una sala constitucional lo frenó desde Trinidad y, con mucha celeridad, el presidente de la comisión de Constitución anuló el proceso, volvió a foja cero y ahí está, sin haberse reiniciado y con escasas posibilidades de concretarse a tiempo para la realización de elecciones judiciales en octubre de este año.

   Ya en el Tribunal Supremo Electoral habían advertido que, si no se conocía los nombres de los postulantes seleccionados hasta mediados de junio, la elección era inviable. Habrá que ver si esta posición se mantiene tan tajante o si todo se flexibiliza, a tono con las expectativas y necesidades del Movimiento Al Socialismo.

   Las anteriores elecciones judiciales de 2011 y de 2017 fueron un rotundo fracaso. En ellas no hubo postulante ganador de la voluntad ciudadana. Todos perdieron por goleada porque ganaron los votos nulos, blancos y también el abstencionismo. Con cada uno de esos procesos llegaron los mea culpa del oficialismo, el reconocimiento de que no se debería elegir por voto popular a los magistrados, etc. Pero, ¿qué cambió? Absolutamente, nada.

   Ahora, el ala renovadora del MAS carece de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, porque esa fuerza política está partida en dos facciones y una es la fuerza más opositora que hay. Al no tener mayoría, está en duda que los postulantes puedan ser afines, sumisos al poder político. Por lo tanto, para el Ejecutivo es menos dañino que no haya elecciones judiciales. Entretanto, se habla de varios escenarios: la prórroga del mandato de las actuales autoridades o la designación de nuevos magistrados mediante decreto o dedazo del todopoderoso presidente del Estado.

   Lo lamentable es que el manejo de la justicia sea tan irresponsable y que la desinstitucionalización llegue al extremo de que ya no se respeta ni la Constitución, menos al ciudadano.

   Mientras tanto, desde el poder político y los brazos operativos en los poderes del Estado, se hace todo para sabotear un honesto planteamiento para reformar la justicia. Ese sí avanza a pesar de las piedras que le ponen en el camino. Aún queda una lucha titánica por delante para atravesar el tortuoso camino. El objetivo de todos debería ser uno: limpiar el sistema de justicia de tanta corrupción y servilismo al poder de turno.