El grupo de juristas independientes que tiene hasta el domingo para recolectar 1,5 millones de firmas por el referéndum de iniciativa ciudadana para la reforma judicial, señaló que analiza gestionar con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una ampliación de plazo para intentar recolectar los Bs 4 millones que costará la digitalización de las rúbricas.

La abogada Audalia Zurita señaló: “Tenemos la facultad de pedir una ampliación del plazo de entrega. Más aún cuando usted vio que le otorgan términos ampliatorios a todo el mundo, por ejemplo, el TSE les está rogando a los partidos que elijan a sus directivas”, advirtió.

La abogada se refirió al hecho de que el Órgano Electoral solicitó a seis partidos: MAS, UCS, MTS, Demócratas, UN y FRI a organizar elecciones internas para elegir a sus directivas y entregar las listas de sus representantes hasta octubre de este año, pese a que el plazo para esto había vencido.

Por ello, emitió una “última resolución” de ampliación de plazo por 180 días para dar cumplimiento a este requisito. Asimismo, llamó la atención a las organizaciones MNR, PDC y ADN por no adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

Zurita destacó que “a los partidos el TSE les amplió plazos sin que nadie se los pida. De la misma forma podrían hacerlo con nosotros”, aseguró y adelantó que lo pedirán si es necesario.

Sin embargo, la integrante del grupo impulsor de las firmas para el referéndum aseguró que más allá del plazo, lo que preocupa es el costo de la digitalización de las firmas, que debe correr por su cuenta, según lo determinado por el TSE.

A esto se sumó que la Sala Constitucional Primera de La Paz rechazó el jueves pasado un recurso de los Juristas Independientes que buscaba evitar la transcripción de las firmas a un sistema digital, requisito que fue calificado como “difícil de cumplir” por los organizadores de la iniciativa ciudadana.

“Son necesarios Bs 4 millones, que no están a nuestro alcance, hemos realizado gastos de nuestros propios recursos. Hay gente que nos ayudó con diferentes sumas, que pagó la impresión de folletos, libros para difusión. Ayudó con refrigerios, alcohol, papel higiénico, material de escritorio para nuestros puntos, pero definitivamente no alcanza la buena voluntad para llegar a ese monto”, dijo Zurita.

Sin embargo, señaló que analizar la posibilidad de recolectar esa cantidad de dinero sin grandes posibilidades de lograr éxito. “Muchas personas nos sugirieron que pidamos esa ampliación para recolectar fondos e intentar llegar a ese monto”, expresó.

Explicó que en La Paz se recolectarán firmas hasta el último día. “Pero hay casos, como Guayaramerín y otras ciudades fronterizas” y alejadas donde ya no lo harán, porque tardarían en llegar a la sede de Gobierno más allá del plazo estipulado. Mientras que en el resto de las capitales se hará sólo hasta el viernes.

“De cualquier forma, hemos pedido a todos los departamentos que envíen la cantidad que tienen en sus inventarios, incluidos aquellos casos en los que no se pudieron recuperar 4.000 libros, que supuestamente se perdieron”, complementó Zurita.

Sin embargo, Juan Del Granado, ex alcalde de La Paz y también integrante de los juristas, señaló que “si alcanzamos el millón y medio de firmas tendremos la legitimidad para vencer los obstáculos, avanzar hacia un referéndum y concretar esta reforma que todos los días clama la sociedad”, dijo. 

Del Granado puntualizó que los Juristas Independientes deben “transcribir estas firmas en un medio informático, una tarea casi imposible. Eso supone dos meses y medio de trabajo, con el apoyo de entre 200 y 300 voluntarios en tres turnos”. 

Judiciales
La comisión mixta volvió a señalar un cuarto intermedio hasta este martes para la redacción de un nuevo reglamento para preselección de postulantes.

Desde el 28 de marzo, el MAS impulsa esta preselección. El registro debía concluir el sábado; sin embargo, el 10 de abril un abogado de Beni, Miguel Ángel Balcázar, presentó un recurso judicial ante una sala departamental de ese departamento que le dio la razón y paralizó todo el proceso. El fallo fue rechazado por oficialistas y legisladores de la oposición.

La bancada del MAS sorprendió ayer por la tarde con su decisión de seguir demorando la elaboración de un nuevo reglamento y convocatoria a candidatos a altos cargos judiciales. La bancada oficialista presentó tres propuestas alternativas, mientras que Creemos presentó una y Comunidad Ciudadana otra, informó la presidenta de esa instancia legislativa.

“Ha llegado dos sugerencias, tanto la de Creemos como la de Comunidad Ciudadana, y también ha llegado una de la bancada del MAS, en realidad de la bancada del MAS presentó tres (propuestas), lo que queremos es consensuar para que tengamos una sola propuesta”, dijo la presidenta de la comisión mixta de Constitución de la Asamblea, la senadora Patricia Arce.

El diputado Carlos Alarcón, de CC, garantizó que “con estas reglas es imposible que nosotros demos los dos tercios. No entregaremos la democracia a la dictadura. Mínimamente se debería plantear una ley de garantías, como planteó Carlos Mesa, y proceder a un referéndum, no vemos otro camino”, señaló. Creemos pidió una reunión de partidos para reencausar el proceso de preselección.

La posición del Gobierno, aseguró una alta fuente del Ejecutivo, se basa en que hubo errores que cometió la comisión y que eso llevó a este desenlace.

Incluir que quien hubiera manifestado opinión política quede descartado cuando la naturaleza de las personas que trabajan en el ámbito de la justicia tiene que ver con política judicial, de derechos humanos y de Estado. Segundo, se insistió en mantener el tema del lugar de residencia, el domicilio es donde uno se inscribe y tiene allí una vocación de vida no donde nació, aseguró. 

El parentesco no está establecido en la Constitución, pero sí en el reglamento. Mencionó el caso de Olvis Egüez, que tiene como pariente a Walthy Egüez, parlamentario de Creemos, que no podía presentarse, pero eso era inconstitucional.

La fuente señaló más de 16 aspectos inconstitucionales que deben ser revisados a fondo. Choquehuanca lo comunicó a la comisión y por eso se reanudó todo el procedimiento. Expresó que se debe ajustar el reglamento al texto de la Constitución y el camino es negociar con los opositores. No hay dos tercios, e incluso si se consigue, ante la población abriría la posibilidad de que hubo cuoteo. Por eso, el camino es la garantía de independencia de los candidatos.