La exigencia de que el grupo de ciudadanos que impulsa la recolección de firmas para la realización de un referéndum sobre la reforma judicial, deba transcribir 1.500.000 firmas para cumplir con los requisitos del Tribunal Supremo Electoral se suma a la larga lista de obstáculos que las instituciones estatales han puesto frente a esta iniciativa ciudadana, contradiciendo frontalmente la Constitución vigente, mostrando de esta forma cómo el mismo Estado asfixia a los ciudadanos que desean ejercer su derecho de participar en la definición de los asuntos públicos, tal cual corresponde a una sociedad democrática y le garantizan las normas legales de nuestro país y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Paradójicamente, este tipo de obstáculos los impulsa el mismo oficialismo que cuando reclamaba una Constituyente, atacaba la democracia representativa y demandaba la democracia directa y participativa. Es una nueva demostración de la impostura de los ataques a la democracia representativa, la cual es la forma de ejercer los derechos democráticos en las sociedades grandes y complejas del mundo moderno, aunque se la debe fortalecer con instrumentos en los cuales el ciudadano pueda manifestarse directamente, como el ejemplo que citamos de la recolección de firmas en la búsqueda de reformas legales que permitan asegurar la independencia de la justicia.

Igualmente contradictorio es que la forma de elegir los magistrados de los altos tribunales de la nación, prevista en la actual Constitución, se haya justificado en la necesidad de despolitizar la justicia mediante el voto directo, atacando para ello los criterios de selección meritocrática, y que el resultado hubiera sido que se utiliza a la Asamblea Legislativa para cerrar el acceso a la justicia a los profesionales independientes y destacados por su trayectoria profesional e integridad moral, convirtiendo a la elección judicial en una votación en la cual los ciudadanos no tienen el derecho efectivo de elegir sino que se los obliga a votar entre candidatos seleccionados por la mayoría oficialista, con lo cual se desincentiva la postulación de los mejores profesionales y se deslegitima la elección de las autoridades judiciales y al sistema de justicia en su conjunto.

Ninguna casualidad, cerca de cumplir el Bicentenario de la fundación de la República, uno de los grandes fracasos del Estado boliviano es la incapacidad nacional para desarrollar un sistema de justicia independiente que garantice la libertad y los derechos de los ciudadanos, el respeto a la institucionalidad democrática, las garantías a las inversiones y el respeto a los contratos. La consecuencia es el atraso del país, la impunidad de quienes abusan del poder y un estado permanente de indefensión en el cual los ciudadanos son víctimas permanentes de las entidades estatales.

Salvo cortos espacios de tiempo en los cuales se procuró institucionalizar la justicia y se logró elegir a ciudadanos destacados al frente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y otros altos tribunales, el país lleva décadas en las cuales el deterioro del sistema de la justicia se agrava constantemente, aunque la situación posterior a la vigencia del actual sistema de elecciones por voto popular nos haya mostrado que siempre se puede empeorar. La causa de fondo, la pretensión del poder político de utilizar a la justicia como un instrumento para imponer su ideología más allá de las atribuciones constitucionales, concentrar el poder, perseguir a quienes piensan distinto y protegerse frente a las demandas por abusos de poder que se pudieran cometer.

El resultado es una ciudadanía que se siente encadenada por un Estado que, en lugar de fundar su razón de ser en el servicio a los ciudadanos, los asfixia con el uso arbitrario y discrecional del poder público; el peligro es que la ciudadanía, que vive cada vez más en la informalidad para poder sobrevivir, pierda toda credibilidad y respeto hacia el poder público, con el riesgo consecuente de confrontación y violencia. La solución, reconstruir la institucionalidad democrática y estatal, estableciendo límites claros al ejercicio del poder, para garantizar el estado de derecho y las libertades y derechos de todos los habitantes de nuestro país.