El oficialismo no da puntada sin hilo, así es que es fácil deducir que, tras la anulación de la convocatoria para la selección de candidatos a magistrados de las altas cortes del país, se esconde alguna estrategia envolvente aún no develada. Los opositores ensayan posibles objetivos ocultos, como el nombramiento de nuevos magistrados vía decreto, la prórroga del mandato de los actuales o simplemente la ampliación del plazo para que los candidatos afines al gobierno puedan presentarse a la convocatoria.

Ninguna de esas hipótesis es descabellada puesto que, en el pasado, el entonces presidente Evo Morales inauguró el nombramiento de magistrados por decreto, hasta lograr los dos tercios de votos legislativos para seleccionar los candidatos en la Asamblea, para luego hacerlos ratificar mediante voto popular.

Lo cierto es que los magistrados solo deben permanecer en el cargo por seis años, plazo que cumple a finales de esta gestión, por lo que el MAS estaba urgido de celebrar las elecciones judiciales en octubre.

Sin embargo, una sala constitucional de Beni ha logrado paralizar el proceso, algo que, a simple vista, desfavorece los intereses del MAS, porque hay que recordar que ese partido era el más interesado en celebrar elecciones judiciales con las actuales reglas de juego. En cambio, los opositores, activistas, cívicos y juristas independientes apostaron por la reforma de la Constitución vía referéndum ciudadano, para lo que requieren recolectar 1,5 millones de firmas.

Sin embargo, también es cierto que el MAS se encuentra dividido y el nombramiento de los candidatos a magistrados se le pondrá cuesta a arriba, a no ser que el arcismo acceda a cuotearse los cargos con el evismo, la otra facción del partido oficialista. Quizá por eso, el MAS necesita tiempo para ponerse de acuerdo internamente sobre las candidaturas.

El caso es que una sala constitucional de Beni logró lo impensable: la anulación del proceso de selección, con el argumento de que se están vulnerando algunos derechos de uno de los postulantes. Si bien el Tribunal Constitucional todavía tiene la última palabra, la Asamblea ya se apresuró a anular la convocatoria para lanzar una nueva.

Este enredo provocado por el MAS en nada beneficia a una justicia independiente y transparente. Mientras no se cambien las reglas de selección de candidatos, la historia de manipulación de la justicia se repetirá porque seguirá siendo la Asamblea Legislativa la que nombre a los candidatos.

Por eso, es importante que la iniciativa impulsada por los juristas independientes y varias ONG, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil logre el objetivo de recolectar 1,5 millones de firmas para exigir un cambio constitucional para que, en adelante, no sea la Asamblea la que decida los cargos, sino una comisión seleccionadora basada en los méritos.

El plazo para conseguir las firmas se vence el 22 de abril, por lo que los organizadores luchan contra el tiempo. En ese marco, han previsto, para este domingo, una jornada dedicada a la justicia para que más ciudadanos se sumen a la propuesta.

Pese al esfuerzo de estos colectivos, el Estado ha tendido una serie de zancadillas para evitar que se logre el objetivo. La última de ellas es sospechosamente difícil de superar, porque consiste en digitalizar, es decir, transcribir cada una de las firmas recolectadas, para lo que se requieren unos 300 transcriptores, dos meses y medio de trabajo y más de 4,5 millones de bolivianos.

Los juristas recurrieron a la justicia para demandar este requisito impuesto por el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, los vocales asignados al caso rechazaron la demanda y le dieron la razón al Órgano Electoral.

Así como están las cosas, son dos procesos que avanzan en paralelo: uno destinado a elegir magistrados con las actuales reglas del juego impulsado por el MAS y el otro, a cargo de los juristas, orientado a cambiar esas reglas para recuperar la transparencia en la justicia. Por el bien de la democracia y el Estado de Derecho, la segunda opción debería ser la primera en llegar a la meta.