Los partidos opositores acusaron al MAS de reemplazar los decretos por los amparos constitucionales como nueva estrategia que les permitirá elegir jueces afines a la línea política del masismo. Mientras que los oficialistas acusaron al ministro de Justicia, Iván Lima de ser el autor de los problemas que surgieron en la preselección de magistrados a altos cargos del Órgano Judicial.

“Este escenario, el de los amparos, es el nuevo mecanismo del Gobierno, los 'amparazos' van a reemplazar a los decretazos para que se imponga la dictadura judicial, probablemente vayan apareciendo consecutivamente otros recursos. El objetivo es ganar tiempo para evitar el certificado de defunción de su proceso”, acusó el diputado opositor, Carlos Alarcón (CC).

Este lunes la comisión mixta de Constitución de la Asamblea volverá a reunirse desde las 15:00 para considerar el nuevo reglamento y la convocatoria a preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial. Los masistas votaron por tomar en cuenta solamente los puntos observados en tres amparos.

El diputado, Patricio Mendoza (MAS), acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, por provocar esta situación en el proceso de preselección y dijo que los legisladores jamás le autorizaron a ser portavoz de la Asamblea con respecto de ese punto. Dijo también que desconoce cuáles son los dos amparos a los que se refirió la senadora Arce.

“Él (ministro) provocó todo desde un inicio, antes de que se apruebe la convocatoria y el reglamento el ministro ya vertía opiniones sobre el proceso, como si fuera vocero de la comisión. Él mete su cuchara y dice luego que ‘no va a elegir Evo’. Esas cosas no se tratan de esa manera”, protestó el diputado oficialista.

Entre acusaciones y descalificaciones diputados y senadores retomarán la sesión postergada del sábado y analizarán las reformas que están trabajando los equipos técnicos. Lo que deben eliminar es el inciso 16 del artículo 19 del reglamento de preselección de autoridades judiciales, para cumplir el fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni que observó el requisito común de no haber emitido opinión política jamás para ser postulante.

Asimismo, deben tomar en cuenta el requisito específico 11 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el requisito específico 12 para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que son los que definen la residencia. “Contar con residencia permanente en el departamento de postulación durante los últimos dos años computables a partir de la publicación de la convocatoria”, señala el texto para los dos cargos.

Según la presidenta de la comisión, estos dos puntos fueron objeto de dos amparos constitucionales que ya llegaron a la Asamblea. Por esa razón los equipos técnicos trabajan en redacciones alternativas o quitar definitivamente esos requisitos.

Para el diputado Mendoza no existe mucho problema pues cualquier ciudadano puede demostrar el lugar de su residencia mostrando su certificado electoral, el último lugar donde ejerció su deber de acudir a las urnas. La última elección de autoridades que se produjo fue en 2021 elección de alcaldes y gobernadores.