El cronograma para la selección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial pasó del debate acalorado a la congeladora. Operadores de justicia del Beni frenaron el proceso por las pugnas en el MAS, de acuerdo con versiones y análisis del escenario político.

Ante este escenario, legisladores del oficialismo, que son parte de la Comisión de Constitución, reaccionaron ayer y anunciaron demandas penales contra los vocales del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, precisamente por obstaculizar el desarrollo del cronograma que comenzó con la recepción de aspirantes. Eso sí, tampoco hubo interés de juristas durante las dos semanas que estuvo activa la convocatoria de postulaciones.

“Vamos a tomar acciones porque esa sentencia constitucional no correspondía ni siquiera en ser admitida. El demandante ni siquiera está inscrito, no presentó sus papeles y presenta un amparo. Además, el señor impugna un inciso del reglamento y este tribunal tumba todo el reglamento. Eso no puede ser”, declaró airado el diputado Patricio Mendoza (MAS), ayer tras la sesión de la Comisión Mixta de Constitución que tomó conocimiento formal de la decisión de la justicia beniana. Eso sí, el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que había otras demandas en camino contra el reglamento y la convocatoria para seleccionar a candidatos al Órgano Judicial.

El 31 de diciembre vence el mandato de los 23 magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, además de los tres miembros del Consejo de la Magistratura. Ante esta previsión, el Órgano Electoral había previsto celebrar la elección en octubre.

Desde el 28 de marzo, el MAS impulsa la preselección de candidatos. El registro debía concluir ayer; sin embargo, el 10 de abril un abogado del Beni, Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso judicial ante una sala departamental del Beni que le dio la razón y paralizó todo el proceso. El fallo fue rechazado por oficialistas y legisladores de la oposición.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), dijo que ese tribunal no podía ir más allá de lo que estaba demandando el supuesto afectado.

La senadora, Silvia Salame (CC) también expresó su sorpresa por el dictamen con el que fueron notificados y expuso los mismos argumentos que su colega Alarcón, sobre la pertinencia de una decisión de esta naturaleza.

Balcázar impugnó el inciso 16 de los requisitos comunes que hacen referencia a no haber emitido una opinión política a través de los medios de comunicación, lo que consideró una vulneración al derecho a la libre expresión.

La senadora Arce, que dirige la Comisión Mixta, sometió a votación la necesidad de trabajar en los puntos que estableció el fallo y determinó retornar al debate mañana a partir de las 15:00.

Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, en el MAS están discutiendo, entre los partidarios de Evo Morales y los de Luis Arce, “quién se queda con el control del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Así, la justicia se ha convertido en un botín estratégico para las aspiraciones políticas de ambos líderes y el futuro de procesos de auditorías y penales sobre exministros y exautoridades”.

La facción ‘evista’ del MAS denunció la existencia de una presunta “mano negra” del ministro de Justicia, Iván Lima, detrás del “boicot” al proceso de la selección de candidatos para las elecciones judiciales.

“Aquí hay un tema de fondo, tenemos la hipótesis, presumimos de que este contubernio tiene como cabeza al ministro de Justicia, y actúan también los magistrados (Gonzalo) Hurtado y (Olvis) Egüez, inclusive, dudamos de los colegas diputados (como Juan José) Jáuregui. Ellos, de manera permanente, se han estado reuniendo con el ministro de Justicia”, dijo el diputado Héctor Arce, acompañado por varios de sus colegas.

El legislador agregó que “esta mano negra tiene por objetivo boicotear y sabotear” el proceso de selección de candidatos para hacer fracasar la designación de las altas autoridades de la administración judicial. Por tanto, “estamos preocupados y queremos alertar de esta intención perversa y dañina de hacer fracasar este trabajo que se estaba llevando en la Asamblea Legislativa. Presumimos que el ministro Lima está detrás de esto porque tiene nombres y su intención de este grupo de Hurtado y otros es hacer fracasar (este proceso) para que se vea otra modalidad o procedimiento, a través de una ley corta, la designación (de autoridades judiciales)”, insistió Arce.

En la misma línea, los diputados Renán Cabezas y Freddy López también consideraron que se busca hacer fracasar el proceso de selección de candidatos.

“Lamentamos que hoy el presidente de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca) y el ministro (Lima) estén detrás de las elecciones judiciales; lamentablemente el ministro no ha cumplido con las demandas del pueblo. Por el contrario, está detrás de estas elecciones tratando de llevar a través de un decreto, cosa que no vamos a permitir”, afirmó López.

Cabezas complementó: “No vamos a permitir que Lima y Choquehuanca hagan que fracase este proceso. Queremos magistrados probos, lo que están buscando es ratificar a los actuales, que son corruptos; hay una estructura que está buscando quedarse”.

Lima, no quiso comentar las declaraciones de los legisladores ‘evistas’. Pero, el jueves, indicó que no se pueden hacer afirmaciones que lo responsabilizan de la paralización en el proceso de selección de candidatos “cuando el Ejecutivo ha garantizado Bs 183 millones para realizar la elección”

En la misma línea que Cuéllar, la senadora de Creemos Centa Rek dijo que “aquí hay un juego político, quieren sortear el Órgano Judicial. Y obviamente, esta confrontación que hay entre el MAS de Evo Morales y el de Arce Catacora, además del vicepresidente Choquehuanca están generando esta especie de recursos, porque pugnan por tomar el Órgano Judicial para su propio beneficio”.

Alarcón declaró que el proceso nació muerto desde que se impuso por rodillo un reglamento con las reglas del juego del MAS, sin consenso con la oposición. “Ahora debe haber un giro de 180 grados, abrir la Asamblea a la demanda judicial de un verdadero cambio estructural de la justicia y habilitar estas demandas ciudadanas de reforma para que en octubre se haga un referéndum de cambio a la justicia, con propuestas ciudadanas y de los partidos”, anotó.

Los magistrados, actuales fueron designados por Evo Morales, en diciembre de 2017 y Luis Arce, según Cuéllar, quiere un cambio con gente de confianza. Por ello, la reglamentación para la preselección “fue realizada en la Comisión de Constitución de mayoría oficialista, con logística del Ministerio de Justicia”.

Los magistrados, dijo, se resisten al cambio, cuando deben dejar la función de seis años por mandato constitucional. “Solo están cuidando sus intereses para migrar a otro tribunal dentro del órgano judicial, y que Evo Morales siga detentando sus tentáculos dentro de la justicia”.

Preguntó: ¿por qué el Órgano judicial es un poder estratégico para Arce y Morales? “Porque puede definir habilitaciones e inhabilitaciones de candidaturas el 2025.La negociación política, sobre la justicia, pasa por dos elementos: Primero, tener elecciones judiciales 2023 con preseleccionados de ambas partes (cuoteo previo) y/o alargar el actual mandato de los magistrados, siempre que respondan a Arce (aún sea inconstitucional). El problema radica en que los actuales magistrados, quienes deben abandonar el órgano judicial en diciembre 2023, no quieren irse. Para ello están planteando recursos que ellos mismos resuelven. Los actuales pretenden alargar su mandato”.

La pugna

La posición del Gobierno, aseguró una alta fuente del Ejecutivo, se basa en que hubo errores que cometió la comisión y que eso llevó a este desenlace.

Incluir que quien hubiera manifestado opinión política quede descartado cuando la naturaleza de las personas que trabajan en el ámbito de la justicia tiene que ver con política judicial, de derechos humanos y de Estado. Segundo, se insistió en mantener el tema del lugar de residencia, el domicilio es donde uno se inscribe y tiene allí una vocación de vida no donde nació, aseguró. El parentesco no está establecido en la Constitución, pero sí en el reglamento. Mencionó el caso de Olvis Egüez, que tiene como pariente a Walthy Egüez, parlamentario de Creemos, que no podía presentarse, pero eso era inconstitucional.

La fuente señaló más de 16 aspectos inconstitucionales que deben ser revisados a fondo. Choquehuanca lo comunicó a la comisión y por eso se reanudó todo el procedimiento. Expresó que se debe ajustar el reglamento al texto de la Constitución y el camino es negociar con los opositores. No hay dos tercios, e incluso si se consigue, ante la población abriría la posibilidad de que hubo cuoteo. Por eso, el camino es la garantía de independencia de los candidatos.

No podían postularse los miembros de asociaciones que fiscalizaban el proceso. Una de ellas era el Colegio de Abogados. Así que todos sus afiliados estaban inhabilitados. El reglamento estaba muy mal escrito. Tampoco negó que el ‘evismo’ metió la mano en el proceso. Un candidato podía ser candidato al TCP, renunciando a la militancia. La fuente señaló que eso estaba destinado para Wilfredo Chávez y Nelson Cox, para que dos afines a Morales, puedan postularse.

Las contradicciones del reglamento fueron alertadas por diputados como Óscar Balderas (CC), pero también por abogados constitucionalistas como Israel Quino.