El fracaso de la primera convocatoria para la preselección de altos cargos judiciales y del Tribunal Constitucional es el resultado de la imposición de un reglamento del Movimiento Al Socialismo (MAS)  y la pugna entre evistas y arcistas para tener bajo su control a la justicia, afirmaron analistas y asambleístas nacionales.

Señalaron que, incluso, podrían planificar la designación de las autoridades a través de un decreto supremo o ley corta o en su caso prorrogar el mandato de los actuales magistrados.

El pasado jueves, la Sala Constitucional Primera de Beni dejó en suspenso el proceso de preselección de los postulantes a magistrados para las elecciones judiciales de este año, iniciado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este hecho fue calificado de una derrota al masismo y la falta de consenso con otras fuerzas políticas.

“Hay que partir del hecho que el reglamento elaborado por la ALP tiene serios problemas, porque cuando uno lo analiza encuentra elementos racistas, discriminatorios. Por otra parte, presenta requisitos que son absolutamente inconstitucionales y que, obviamente, contaminan todo el proceso, porque está orientado a operar como un embudo que permita al oficialismo imponer a sus candidatos para ocupar estos cargos”, aseguró el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.

Deslegitimación

El también constitucionalista Paul Antonio Coca dijo que la determinación de la autoridad jurisdiccional se constituye en un elemento más que cuestiona la forma de elección de los altos representantes de la justicia.

“La decisión de la sala constitucional de Beni ha sido y es una sorpresa, pero que obviamente esto causa dos situaciones. La primera es que termina de deslegitimizar un proceso que ya sabíamos que de legitimidad tiene poco por el sistema que se tiene para elegir a los candidatos a autoridades judiciales y del TCP. Segundo, lo que se va a generar es una situación de polémica en todo sentido, sobre el proceso como tal, sobre las siguientes candidaturas”, sostuvo.

Decretazo

La decisión de dejar sin efecto la preselección de candidatos para las judiciales también generó cuestionamientos de los miembros del Legislativo, que van desde la de generar cortinas de humo o boicotear el proceso para promover un decreto, hasta habilitar una normativa que permita al presidente Luis Arce designar a los altos funcionarios de la justicia a dedo.

“Estamos preocupados y queremos alertar de esta intención perversa y dañina y querer hacer fracasar este trabajo que estaba llevando a cabo la Asamblea Legislativa. Lo que vemos es que el ministro (Iván) Lima con seguridad está detrás de esto. ¿Por qué? Porque ya tiene nombres y su intención de este grupo de Gonzalo Hurtado y otros que quieren repostularse es hacer fracasar esto y se vea otro procedimiento, a través de una ley corta, se designe, para el cual seguro ya tienen nombres y apellidos, con el que no estamos de acuerdo”, dijo el diputado por el MAS Héctor Arce Rodríguez, quien es leal a Evo Morales.

Arce agregó que “aquí hay un tema de fondo. Tenemos la hipótesis, presumimos que acá hay una mano negra a la cabeza del ministro de Justicia, el magistrado Gonzalo Hurtado, incluso dudamos de los colegas diputados (Juan José) Jáuregui e Israel Huaytari, quienes de manera permanente se han estado reuniendo con el ministro de Justicia”.

En esa línea, su colega Daniel Rojas (MAS) indicó que el titular de Justicia busca una chicana jurídica para frenar el proceso de preselección de las judiciales como una excusa para ampliar plazos o basarse en alguna figura legal para elegir por decreto a las autoridades del Órgano Judicial, situación que estaría en contra de la Constitución Política del Estado.

“Yo creo que van a seguir apareciendo quizás muchas trabas en el camino para poder de alguna manera, ellos (arcistas), designar por decreto, poner a su antojo este tema del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y del Supremo de Justicia”, manifestó.

Jurista independiente

La abogada Audalia Zurita, de los Juristas Independientes, señaló que la determinación de la Sala Constitucional, desde el punto de vista de la Constitución, es correcta y que evidentemente “hay vulneración que emerge del reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

“(Esta decisión) ha abierto la posibilidad de que el Gobierno saque una ley de excepción o una normativa para ratificar a las autoridades en estas altas magistraturas o autorice al presidente Luis Arce facultades extraordinarias para designar a dedo a estas altas magistraturas”, dijo la legista.

Zurita expresó que el fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni estaría digitado por el Gobierno, toda vez que los vocales fueron prorrogados en sus cargos.

“Los magistrados que han fallado son magistrados que han sido ampliados en su mandato por el Consejo de la Magistratura sin que tengan para ello ninguna facultad, es decir, que son personas que le deben (favores) a los altos niveles”, dijo.

Añadió que “ha sido el Gobierno quien ha digitado y manipulado esa decisión para deshacerse de este proceso de selección con destino a las elecciones judiciales. Además, obviamente, queda claro que había intereses contrapuestos entre las facciones que dicen existe al interior del Gobierno”.

Para el representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, esta situación evidencia que “estamos a la puerta de una mayor crisis de la justicia en Bolivia”.

“Hasta el 31 de mayo, deberían haber ya presentado los parlamentarios en general la lista de los preseleccionados, y ahora que se ha suspendido muestra, además, la falta de credibilidad de la ciudadanía, la falta de convocatoria y todo el proceso fraudulento que había de por medio. Lo que están buscando es posesionar vía decreto a los actuales magistrados en una prórroga”, señaló.

Error del Legislativo

El constitucionalista Goitia Caballero indicó que este problema de la preselección se generó en la aprobación del reglamento, ya que fue mal elaborado y que no se puede llevar a cabo una preselección transparente.

“Ese es el fruto de la imposición, lo que el Legislativo (la mayoría del MAS) no entiende es que para esto se necesitan consensos y no imposiciones, y el imponer un reglamento ha derivado que tengan uno contaminado y se ha perjudicado todo el proceso y quienes han aprobado el reglamento, arcistas y evistas, porque no quieren generar consensos”, sostuvo.

Agregó que cuando se saca una convocatoria y tiene irregularidades corre el riesgo de ser impugnada.

Analista: “No se puede designar por decreto”

El analista y abogado Paul Antonio Coca señaló que no es posible que desde el Ejecutivo se pretenda designar de forma interina o prorrogar el mandato de las altas autoridades judiciales y que de hacerlo sería contrario a lo que dispone la Constitución Política del Estado (CPE).

“No es viable, no es constitucional, bajo ningún argumento puede haber esa figura y jamás debería permitirse, si no hubiera elecciones judiciales, que se designe mediante decreto. Es algo que no está establecido en la CPE”, dijo.

Sin embargo, agregó que el Gobierno podría tener una carta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ya prorrogó mandatos.

 “En un momento prorrogó el mandato del Ejecutivo a la cabeza de la expresidenta Jeanine Áñez y del Legislativo, y es algo que si no se dieran las elecciones judiciales por algún motivo, tenga por seguro que el TCP prorrogaría su propio mandato y el de las autoridades judiciales. Este es un as bajo la manga, pero designar por decreto no es constitucional bajo ningún argumento”.