Medio: La Palabra
Fecha de la publicación: viernes 14 de abril de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló la convocatoria a postulantes para la preselección de candidatos para el órgano Judicial después de que una sala constitucional de Beni dejó sin efecto dicha convocatoria.
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Brújula Digital |14|04|2023|
La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló la convocatoria a postulantes para la preselección de candidatos para el órgano Judicial después de que una sala constitucional de Beni dejó sin efecto dicha convocatoria.
El Legislativo; no obstante, no esperó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que puede validar u observar dicha determinación.
"La convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura de fecha 28 de marzo de 2023, queda sin efecto hasta la publicación de una nueva convocatoria", señala una parte del comunicado emitido.
La decisión fue asumida, según se indica en el texto, acatando la resolución de la sala constitucional 024/2023 pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Es la primera vez, en procesos electorales del ámbito judicial, que una sala constitucional hace anular una convocatoria a postulantes para la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa.
La resolución del amparo constitucional, planteado por el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruíz, en el tribunal de Trinidad (Beni) concede la tutela al demandante que observó el requisito contenido en el artículo 16 del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos judiciales.
El precepto en cuestión señalaba que los postulantes no debían haber expresado posturas políticas de manera pública.
La parte resolutiva del fallo de la sala constitucional señala: "Conceder la tutela solicitada y, en consecuencia, dispone primero inaplicar el requisito común de no haber expresado posturas políticas de manera pública contenido en el Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos (...), por ser manifiestamente contrario a las normas constitucionales".
En consecuencia, ordenó "dejar sin efecto la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos (…) en tanto se subsana el requisito" observado y conminó a la Asamblea Legislativa a "emitir un nuevo reglamento que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, estableciendo un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución".
La inédita determinación judicial fue tomada con cautela por el gobierno de Luis Arce y desde el MAS se deslizó la posibilidad de abrir procesos por prevaricato a los jueces que emitieron la resolución.
Desde la opositora Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron que el fallo forma parte de una "cortina de humo" o un "montaje" para ampliar el plazo de la convocatoria ante el poco interés de los postulantes.
El registro de candidatos debía finalizar al mediodía de hoy, pero hasta el jueves sólo se presentaron seis postulantes.
"El MAS ahora debe asumir la responsabilidad política ante el país y la ciudadanía, esta situación de punto muerto, de fojas cero, al que hemos llegado es de entera responsabilidad del MAS y del gobierno del presidente Luis Arce y del órgano Judicial" afirmó el jefe de bancada Enrique Urquidi (CC).
También responsabilizó al Gobierno, al MAS, al órgano Judicial y al Tribunal Supremo Electoral de "boicotear" la iniciativa ciudadana de recolección de firmas con el objetivo de una reforma de la justicia mediante un referendo constitucional.
CC plantea una reforma de la Constitución antes de un nuevo proceso electoral
El diputado Urquidi reflexionó que "no es momento para arreglos cosmetológicos" o de forma de la convocatoria sino de ir al fondo del problema: la falta de independencia del sistema judicial de Bolivia y para eso se requiere de un pacto.
Su colega, Carlos Alarcón, planteó la apertura de la Asamblea Legislativa a las iniciativas ciudadanas que han sido bloqueadas por el Gobierno, jueces y el órgano Electoral.
"Hay que hacer un acuerdo para llegar a una reforma constitucional en octubre de este año a través de la Asamblea porque ya han inviabilizado la iniciativa de referendo de los juristas independientes" planteó el también abogado constitucionalista.
En tanto, el MAS insiste en elaborar una nueva convocatoria y convocó para las 16:00 de mañana a diputados y senadores de la comisión mixta de Constitución para analizar el fallo judicial en Beni y el inicio de la reformulación de la convocatoria.
BD/JCV
