El 23 de enero pasado y bajo el lema ¡Basta! Yo firmo ¡Referendo ya! se inició la recolección de firmas para un referendo de reforma judicial con un acto simultáneo que se desarrolló en las diferentes ciudades capitales del país. Un grupo de juristas independientes impulsó el movimiento e inicialmente se dispuso el envío de 5.000 libros de un total de 15.000 para que la ciudadanía firme y apoye la modificación propuesta por la vía constitucional del referendo. La iniciativa recibió la adhesión de la Iglesia Católica, a través de la fundación Jubileo, y de la APDH con un pronunciamiento, mientras que la logística quedó a cargo de comités departamentales organizados al efecto.

Uno de los impulsores de la reforma, Juan Del Granado, abogado y exalcalde paceño, habló de la necesidad imperiosa de transformar la justicia en Bolivia porque “está de cabeza, al revés, absolutamente sometida al poder político y transversalizada por la corrupción, la retardación y el prevaricato”. Se hizo notar al mismo tiempo que en el país existen apenas 1.100 jueces y 50 fiscales que además tienen que trabajar en condiciones deplorables para cubrir solamente un 40% de los municipios porque el Gobierno le asigna a la justicia un presupuesto miserable.

No obstante, el engendro en que se ha convertido el sistema judicial y sus diferentes instancias, acaba de provocarle un revés, considerado previsible, al propósito de los juristas independientes. La Sala Constitucional Primera de La Paz rechazó el jueves el recurso que aquellos interpusieron, buscando evitar la transcripción de 1,5 millones de firmas de ciudadanos a un sistema digital. Sin más, se impuso un reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la Constitución Política del Estado.

La audiencia duró casi cuatro horas y confirmó que el reglamento del TSE está por encima de la Carta Magna. Dicho Tribunal instruyó que los juristas deben transcribir las firmas en forma digital como requisito y para lo que se requiere el concurso de unos 300 voluntarios, dos meses y medio de trabajo y más de 4,5 millones de bolivianos para solventar la tarea. Unas condiciones prácticamente insalvables. La determinación pasó para su revisión al Tribunal Constitucional que tiene 30 días para pronunciarse.

El constitucionalista José Antonio Rivera considera que de ese modo se le ha puesto una zancadilla al ejercicio de la democracia directa y participativa de los ciudadanos en un crucial asunto. El escenario descrito está poniendo en riesgo la libertad, la dignidad, la honra, el patrimonio de todos los bolivianos e incluso la propia estabilidad democrática en el país porque tampoco existe la voluntad política que demanda un cambio integral e inmediato de la forma en que la justicia está siendo administrada. Ancha para unos y angosta para otros.

Como para matizar el tema, la opinión pública nacional tomó conocimiento de la propuesta de un postulante a magistrado del Tribunal Constitucional: Incorporar el genoma humano del algún reconocido jurista o abogado constitucionalista en el cultivo de la papa, para que tras consumirla la gente adquiera conocimientos legales y sepa reclamar por sus derechos. No muy lejana queda la insólita proposición de las afirmaciones sobre el sexo de las piedras y de que es posible leer en las arrugas de los ancianos.