Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 16 de abril de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Hasta hace unos días, ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni el Tribunal Supremo Nacional Electoral habían aparecido demasiado, en relación al tema referido a la elección de magistrados de la Corte Suprema y vocales del Concejo de la Judicatura. Pero a última hora y cuando ese proceso ya tenía un avance de cierta importancia, aparecen, por una parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobando una ley que ponía en vigencia un Reglamento para normar el referido proceso así como la Convocatoria correspondiente y el Tribunal Supremo Electoral asestando el golpe de gracia al proceso referido al recojo de firmas dentro de la iniciativa popular para la reforma parcial de la Constitución señalado en el propio texto de la CPE.
Esta última exigencia venía a ser una especie de cuchillada asestada por la espalda al procedimiento de la iniciativa popular, mediante el recojo de firmas del 20% del electorado del respectivo padrón electoral.
Pensamos con referencia a este último tema, que a pesar de las dificultades que van a seguir existiendo de aquí en adelante, relativas sobre todo al plazo que vence en algunas semanas más para cumplir los 90 días convenidos para recojo del millón y medio de firmas que harán posible a su vez el cumplimiento de la iniciativa popular.
Y este en el caso que hemos citado, o sea si se llega a reunir el total de las firmas que exige el artículo 411( inciso II de la CPE) frente a la ley que aprobó el Reglamento y la convocatoria a la elección de Magistrados del Poder Judicial se llega a producir una dicotomía jurídica. En este caso esa dicotomía tendría que resolverse sin duda alguna, en favor del millón y medio de firmas en razón de la mayor jerarquía constitucional que supone los 130 integrantes Congreso Nacional. frente al millón y medio de ciudadanos que a su vez representan a más de siete millones Este último suponiendo como primera medida que se logrará el millón y medio de firmas lo que permitiría que tuviera que ser el Tribunal Constitucional resolviera el caso previamente mediante las respectiva consulta



