La Sala Constitucional Primera de Beni dejó ayer, jueves, en suspenso el proceso de preselección de postulantes a magistrados para las elecciones judiciales de este año, iniciado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en tanto esta instancia subsane el requisito contenido en el reglamento que establece no haber expresado postura política de manera pública.

Horas previas, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que existen al menos cuatro recursos constitucionales contra el reglamento y convocatoria al proceso de preselección judicial.

La resolución constitucional ordenó a la ALP “emitir un nuevo reglamento que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales estableciendo un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución”.

La decisión de los vocales Marco Antonio Justiniano y Jesús Martínez de otorgar tutela al abogado accionante Miguel Ángel Balcázar Ruiz, precandidato, quien planteó una acción de amparo contra el presidente de la ALP y vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, pasará en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Resuelve conceder la tutela solicitada. En consecuencia, dispone: primero, inaplicar el requisito común de no haber expresado postura política de manera pública contenida en el reglamento de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura 2023, por ser manifiestamente contraria a las normas constitucionales mencionadas”, dice la determinación de los vocales.

En otro acápite, disponen “dejar sin efecto la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos y candidatas para la conformación de candidatos al TCP, TSJ, TA y Consejo de la Magistratura 2023 en tanto se subsane el requisito contenido en el reglamento señalado, identificado en el punto primero de la parte resolutiva del presente fallo constitucional, debiendo la ALP emitir un nuevo reglamento que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, estableciendo un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución”.

PREOCUPACIÓN

Más temprano, el ministro de Justicia, Iván Lima, había expresado su preocupación por una posible paralización del proceso, lo que finalmente ocurrió con la decisión de los vocales en Beni y se tendrá que esperar el fallo en revisión del TCP.

“Es motivo de grave preocupación para el Gobierno nacional por el tema que les estoy señalando, el cronograma estaba muy ajustado, con plazos muy breves y estas acciones pueden significar que se desfase totalmente ese calendario”, declaró la autoridad horas previas a la audiencia.

Lima dijo que hay al menos cuatro recursos constitucionales contra el reglamento y convocatoria al proceso de preselección.

“Creo que son más de cuatro recursos. Hay un recurso contra resoluciones legislativas que se presentó directamente en el Tribunal Constitucional por el magistrado Olvis Eguez, también presentó un amparo en Santa Cruz, y hay postulantes que presentaron acciones de amparo en contra de la convocatoria y reglamento”, declaró.

¿MONTAJE?

Esta jornada, parlame

ntarios de la alianza opositora Comunidad Ciudadana calificaron de “montaje” esta acción judicial y responsabilizaron al Gobierno y a las autoridades judiciales de buscar la ampliación del plazo para la presentación de postulantes ante el “fracaso” del proceso en curso.

Desde el evismo, los diputados Gualberto Arispe y Daniel Rojas acusaron al ministro Lima, de estar detrás del recurso y advirtieron que el Órgano Ejecutivo pretende designar magistrados por decreto.

Revés a los Juristas Independientes 

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de la Paz negó otorgar la tutela por el amparo constitucional presentado por los Juristas Independientes en contra del presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TDJ admitió este proceso instaurado por Juan del Granado, Audalia Zurita, Javier Antonio Viscarra y Kathya del Rosario Saucedo, considerados actores políticos, el pasado 6 de abril.

El recurso pretendía que se deje sin efecto una instructiva del TSE que pedía la trascripción electrónica de las firmas que se recabaron para un eventual referéndum por una reforma judicial.

“La Sala Constitucional le acaba de dar bendición constitucional denegando la tutela que hemos solicitado en la acción de amparo. Se nos obliga como condición de viabilizar la iniciativa ciudadana el transcribir unas 1,5 millones partidas recogidas en los libros a un sistema informático”, informó el jurista José Rivera.