Marco Centellas Castro

Se puede definir sintéticamente a un sistema electoral como un conjunto ordenado de normas que rigen una competencia electoral entre organizaciones políticas y como el mecanismo jurídico político que establece la conversión de votos en escaños. El sistema electoral en un determinado Estado influye en otros componentes del sistema político y también es influido por éstos. Como señala acertadamente el cientista alemán Dieter Nohlen: existe una trilogía de relación entre el Sistema de Gobierno, el Sistema Electoral y el Sistema de Partidos.
En el caso boliviano, nuestro sistema electoral, tal como prescribe la Ley N°018, regula el ejercicio de la función electoral, la jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, servicios y régimen de responsabilidades del Órgano Electoral Plurinacional (poder público del Estado Plurinacional), para garantizar la democracia intercultural en Bolivia.
Los sistemas electorales son complejos y definen muchos aspectos políticos y de la propia vida de las personas, en democracia. Recordemos que, desde la década de los años 80, se gestó lo que se llamó “la ola democratizadora en América Latina”, que a partir del respeto al Estado de derecho y la voluntad ciudadana, alcanzó la institucionalidad de la autoridad electoral, con organización de elecciones y referendos.
El proceso de “democratización”, no simplemente consolidó la práctica del voto, sino que modificó los diseños de los sistemas electorales con la ampliación del espectro de participación, no simplemente bajo monopolio de partidos políticos, sino a través de la participación de otros instrumentos, como las agrupaciones ciudadanas y las representaciones políticas de pueblos indígena originario campesinos (Constitución de 2004 y refrendada en la actual Constitución de 2009), como en el caso boliviano. Con la reforma aplicada en nuestro país, se consiguió ligeramente un nivel de representatividad mayor, sin embargo, se provocó un alto grado de polarización política, que responde a disposiciones posteriores, que debilitaron la institucionalidad y la representación popular.
A nivel de la región, en los últimos años, la realidad de la organización electoral en Latinoamérica, no es la ideal. Existe crisis de representación y legitimidad política de varias autoridades elegidas (Presidentes), además de pugnas entre Ejecutivos y Legislativos, que por ósmosis se extiende al árbitro electoral (casos de Perú, Colombia y México), con cuestionamientos como falta de confianza ciudadana por favoritismo y parcialidad de los entes electorales o el intervencionismo de otros poderes en el control electoral, como la reforma política que lleva adelante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, con reducción de presupuesto y personal del Instituto Nacional Electoral.

El autor es Docente emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.