En representación de la principal fuerza de oposición en la ALP, el diputado Enrique Urquidi, denunció que este justificativo es parte de una estrategia del oficialismo para extender el plazo para la presentación de postulaciones, tomando en cuenta el bajo interés de profesionales dispuestos a presentarse formalmente para participar de las elecciones judiciales.
Señaló que con estas acciones se busca salvar un proceso que no cuenta con el respaldo de diferentes sectores de la población. “Esto es parte de una tramoya y una simulación pactada entre el Órgano Judicial, manipulado por el MAS y el Ejecutivo. Es una cortina de humo, un montaje que busca darle un salvavidas al Gobierno para tener un justificativo, postergar y ampliar el plazo para la postulación de postulantes”, dijo.
En este sentido, afirmó que la gran mayoría de profesionales probos, con trayectoria y méritos para ocupar altas magistraturas, no están dispuestos a ser parte de un proceso fallido, plagado de irregularidades e imposiciones que anticipan un fracaso similar o peor al de experiencias pasadas, por lo que se busca tener una “buena coartada” que permita una ampliación en los plazos.
“Este es el objetivo central de esta acción manipulada y tramposa, en un proceso que nació muerto producto de la decisión de no acogerse al consenso y asumir una nueva posición política de continuar cooptando la justicia”, indicó Urquidi.
Recordando que el MAS ha tenido controlada la justicia durante los últimos 16 años, mediante jueces y fiscales encargados de generar procesos destinados a la persecución política-judicial, el legislador de oposición adelantó que desde CC no se respaldará esta nueva irregularidad y se continuará denunciando los vicios del proceso.
“Denunciamos que el MAS y el Órgano Judicial han digitado de la manera más burda la ampliación de los plazos. No vamos a ser ni cómplices ni funcionales ante este hecho”, expresó.
Por su parte, la senadora cochabambina Andrea Barrientos, se sumó a los cuestionamientos calificando como una “tramoya” el hecho de que un ciudadano haya presentado un Amparo Constitucional al proceso de preselección de candidatos autoridades judiciales, y casualmente el Tribunal Departamental del Beni haya aceptado dicho recurso.
Afirmó que se trata de una medida perversa para tratar de salvar al Gobierno y a un proceso con un reglamento irregular y que no representa las necesidades del pueblo boliviano.
“La gente proba, los jueces y abogados de bien, han decidido no postularse a este proceso. Este proceso nació muerto”, indicó Barrientos, adelantando que desde la oposición se permanecerá en estado de vigilancia constante ante esta y otras posibles maniobras para dilatar el proceso de preselección.
Puntualizó que el actual estado de la justicia hace que la población boliviana permanezca como rehén de quienes son altas autoridades del Órgano Judicial y del MAS, por lo que, avanzar en este sentido sin que la gente, pacíficamente, se movilice demandando una reforma, “es inviable”.
Desde la alianza Creemos, el diputado Erwin Bazán, apuntó que la impugnación al reglamento de preselección de candidatos a autoridades judiciales, por un ciudadano en el departamento del Beni, es el anuncio del fracaso de todo el proceso, por lo que se debe considerar una reconducción, mediante la incorporación de un Comité Técnico Meritocrático que devuelva la confianza a los profesionales y a la población.
“Insistimos que es el momento de reconducir este proceso (…), ratificamos nuestra propuesta de incorporar a la sociedad civil en el proceso de evaluación a los postulantes mediante un Comité Técnico Ciudadano que evalúe meritocráticamente y no políticamente como va a evaluar la Comisión de Constitución donde tiene mayoría el MAS”, enfatizó.
La ausencia de candidatos para este proceso muestra que los profesionales, los más capacitados “no quieren prestarse al manoseo político del MAS”, señaló Bazán, exhortando al oficialismo tomar en cuenta la propuesta de Creemos y retomar la vía de la concertación con las fuerzas políticas dentro la Asamblea Legislativa.
Para el diputado oficialista del ala radical, Daniel Rojas, la responsabilidad por todas las acciones para tratar de alargar el proceso de preselección, recae el ministro de Justicia, Iván Lima, y el Ejecutivo, por acudir a maniobras para obstruir el trabajo del parlamento. “De alguna manera, esta acción es una chicana para poder dilatar el tema de la preselección y creo que van a seguir apareciendo más trabas en el camino para poder designar por decreto”, dijo.
El miércoles, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se informó que el proceso para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales fue suspendido en tanto se resuelve un Amparo Constitucional, medida determinada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal departamental de Justicia de Beni.