Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 14 de abril de 2023
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Expertos coinciden en que es costoso llevar adelante una iniciativa ciudadana.
- Vocales del TSE. Archivo
Analistas observan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone trabas a la democracia directa, con requisitos que son “difíciles de cumplir”. Además, señalan que para la ciudadanía se hace costoso hacer democracia en el país.
En pasados días, el grupo de Juristas Independiente denunció que el TSE obstaculiza su iniciativa al pedirles, como requisito, que transcriban las rúbricas a un sistema digital. Ese grupo interpuso un recurso de amparo, pero fue rechazado por la Sala Constitucional Primera de La Paz.
El politólogo Ludwin Valverde manifestó que los requisitos para que un ciudadano pueda ejercer su derecho de iniciativa ciudadana son muy costosos. Señaló que un claro ejemplo es cumplir la disposición de transcribir el millón y medio de firmas para que se pueda hacer posible una consulta popular.
Valverde expresó que este tipo de requisitos deben ser ajustados por parte del Tribunal Electoral. Agregó que debe darse facilidades a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos democráticos y no ponerles obstáculos.
El cientista político José Orlando Peralta identificó tres factores que hacen difícil de cumplir a las iniciativas ciudadanas. El primero, es que se pide conseguir una alta cantidad de firmas. Segundo, la compra de los libros de actas y hasta la transcripción digital suman costos elevados de dinero. Tercero, los plazos establecidos para cumplir con estos requerimientos son cortos.
“Los requisitos son muy complicados de cumplir. El tiempo es un factor fundamental para cumplir estos requisitos y también el aspecto económico, porque es mucho dinero. El TSE pone requisitos que son difíciles de cumplir para una iniciativa ciudadana, no se da facilidades a los ciudadanos”, aseveró.
Orolando Peralta dijo que este tipo de reglamentos y requisitos son aprobados, conforme a lo que solicita el gobierno de turno. Esto con el objetivo de que ciudadanos no puedan objetar sus acciones y planteamientos.