Una Sala Constitucional de Beni dejó este jueves sin efecto la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales de este año, en tanto se subsane el requisito contenido en el reglamento de preselección que establece no haber expresado postura política de manera pública.

La resolución constitucional ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “emitir un nuevo reglamento que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales estableciendo un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución”, según el fallo al que accedió CORREO DEL SUR.

Los vocales Marco Antonio Justiniano y Jesús Martínez otorgaron tutela al abogado accionante Miguel Ángel Balcázar Ruiz, precandidato, quien planteó una acción de amparo contra el presidente de la ALP y vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca.

“Resuelve conceder la tutela solicitada. En consecuencia, dispone: primero, inaplicar el requisito común de no haber expresado postura política de manera pública contenida en el reglamento de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del TCP, TSJ, TA y Consejo de la Magistratura 2023, por ser manifiestamente contraria a las normas constitucionales mencionadas.

Segundo, dejar sin efecto la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos y candidatas para la conformación de candidatos al TCP, TSJ, TA y Consejo de la Magistratura 2023 en tanto se subsane el requisito contenido en el reglamento señalado, identificado en el punto primero de la parte resolutiva del presente fallo constitucional, debiendo la ALP emitir un nuevo reglamento que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, estableciendo un nuevo cronograma y plazos correspondientes para su ejecución”.

Esta jornada, parlamentarios de la alianza opositora Comunidad Ciudadana calificaron de "montaje" esta acción judicial y responsabilizaron al Gobierno y a las autoridades judiciales de buscar la ampliación del plazo para la presentación de postulantes ante el "fracaso" del proceso en curso.

Desde el evismo, los diputados Gualberto Arispe y Daniel Rojas acusaron al ministro de Justicia, Iván Lima, de estar detrás del recurso y advirtieron que el Órgano Ejecutivo pretende designar magistrados por decreto.

Según reveló el propio ministro Lima, hay al menos cuatro recursos constitucionales contra el reglamento y convocatoria al proceso de preselección de postulantes, situación que calificó de preocupante.

Detalló que hay un recurso contra resoluciones legislativas que se presentó directamente en el Tribunal Constitucional por el magistrado Olvis Eguez, quien también presentó un amparo en Santa Cruz, y hay postulantes que presentaron acciones de amparo en contra de la convocatoria y reglamento.

Fuentes confidenciales ligaron lo sucedido este jueves en Beni a actuales autoridades judiciales.

La afinidad político partidaria de las autoridades judiciales ha sido objeto de los mayores cuestionamientos en la ciudadanía.