La Sala Constitucional Primera de La Paz rechazó este jueves el recurso de los juristas independientes que buscaba evitar la transcripción de 1,5 millones de firmas a un sistema digital y “se impuso un reglamento del TSE sobre la Constitución”, informó la abogada Kathya Saucedo. Mientras que desde la oposición afirman que el MAS busca tiempo para postular a sus militantes a las elecciones judiciales, ante la suspensión de la inscripción de postulantes.

“Nos han salido con que en este país ya no se puede hacer control de convencionalidad. En la Constitución hay obligaciones de que cualquier acto debe ser enmarcado en la norma constitucional, pero a partir de ahora las institucionalidades ya se pueden basar en sus normas reglamentarias y la Constitución ya no es relevante es decir ha invertido la pirámide jurídica”, explicó Saucedo a la salida del Tribunal Departamental de Justicia.

La audiencia que duró casi cuatro horas confirmó que el reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está por encima de la Constitución Política del Estado. “Exactamente, eso es lo que nos han dicho y es penosísimo”, insistió Saucedo. El TSE instruyó que los juristas deben transcribir las firmas en sistema digital como requisito.

La determinación de este jueves pasó de forma inmediata para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que tiene 30 días para pronunciarse sobre el caso.

José Antonio Rivera, miembro de los juristas independientes, insistió en que la decisión obliga a la iniciativa ciudadana a transcribir un 1,5 millones de partidas recogidas en los libros a un sistema informático, para ello requieren 300 transcriptores, dos meses y medio de trabajo y más de 4,5 millones de bolivianos. Este 16 de abril se conmemorará en Bolivia el Día Nacional de la Justicia y se espera que la población apoye masivamente con sus firmas la iniciativa para reformar la justicia.

“El MAS busca tiempo para sus postulantes”

Ante la presentación de dos amparos contra el reglamento de convocatoria a las Elecciones Judiciales desde Comunidad Ciudadana y Creemos denunciaron que aquello es sólo “una coartada” del MAS para “ganar tiempo” y así conseguir que abogados afines al Gobierno se postulen.

“Hasta ayer (miércoles) eran seis postulantes inscritos, lo que demuestra que el MAS ni siquiera ha podido convencer a sus postulantes azules para que entren a esta competencia y ese es el objetivo de que se suspenda 24 horas, poco más, poco menos, ya le dan justificativo al Gobierno para que hagan una postergación arbitraria”, denunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana.

El miércoles, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar Ruiz presentó en Beni un amparo en contra del reglamento de convocatoria para la preselección de postulantes a las Elecciones Judiciales observando el numeral 16 del artículo 19 que, a su juicio, coarta su derecho a la libertad de expresión.

Tania Añez, diputada de la alianza Creemos, indicó que la suspensión de la inscripción le dará más tiempo a los abogados afines al Gobierno. “Lo que está haciendo el MAS es ampliar los plazos para buscar de manera directa a sus propios postulantes”, aseveró la asambleísta.

Cautelar y suspensión

Ante el amparo que presentó Balcázar en Beni, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Juan José Jáuregui, decidió el miércoles por la noche suspender el proceso de selección de postulantes, debido a la medida cautelar que determinó la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

Aquella Sala sólo debía admitir la causa, pero no emitir una medida cautelar. “Esto (suspensión de registro) es parte de una tramoya pactada entre el Órgano Judicial, manejado por el MAS y el Ejecutivo que está buscando darle el salvavidas que necesita el MAS para tener el mejor justificativo, la mejor coartada de postergar el plazo de presentación de postulantes”, aseveró el diputado Enrique Urquidi, también de CC.

Hay un segundo Amparo

El miércoles se conoció que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSP), Olvis Egüez, presentó un recurso constitucional contra del mismo reglamento para las Elecciones Judiciales. El magistrado denunció que el numeral 13 del artículo 19 le impide participar en este nuevo proceso electoral porque tiene un familiar electo en la ALP y busca que se suspenda esa restricción.

El “Recurso contra resoluciones legislativas” fue presentado por Egüez el 6 de abril, en Sucre, y está en proceso de admisión, pero por lo que se conoce no se dictó, como sucedió en el caso de Balcázar, la medida cautelar.

Pasarán a revisión del TCP

Sea cual fuere la decisión de la Sala Constitucional en Beni por el caso de Balcázar y de la Sala Constitucional de Sucre por el caso del magistrado Egüez, los fallos pasarán inmediatamente a revisión al TCP en Sucre que tiene 30 días para emitir un criterio, lo que abre mayor incertidumbre respecto a cuánto tiempo se suspenderá el registro de postulantes para las judiciales.

“Es automática la revisión al TCP y debería salir en 30 días la revisión, pero dicen también que tarda un año esa revisión”, alertó la abogada Saucedo.