Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 13 de abril de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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El TCP está conformado por siete magistradas y magistrados titulares y siete suplentes; al menos dos provienen del sistema indígena originario campesino, por autoidentificación personal.
La Paz, 13 de abril de 2023 (AEP).- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el ente encargado de velar por la supremacía de la Constitución. Ejerce el control de constitucionalidad para garantizar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en el marco de una justicia plural, conforme a los principios y valores democráticos.
“El Tribunal Constitucional tiene la circunscripción electoral por departamento, es decir, nueve departamentos, y para ir al proceso electoral mínimo debe tener cuatro postulantes”, explicó el secretario de la Comisión de Justicia Plural, Jorge Mercado.
El TCP está conformado por siete magistradas y magistrados titulares y siete suplentes; al menos dos provienen del sistema indígena originario campesino, por autoidentificación personal.
Desempeñarán sus funciones por un periodo personal de seis años, computables a partir de la fecha de su posesión, no pudiendo ser reelegidas ni reelegidos de manera continua.
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver los conflictos que se puedan suscitar entre el ciudadano y los órganos del Estado; por ejemplo, muchos ciudadanos presentan recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo y esto se da cuando estas resoluciones afectan uno o más derechos del ciudadano”, explicó la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia.
El ente colegiado revisa las acciones de libertad, los amparos constitucionales, la protección de privacidad, entre otros.
Es un tribunal de última instancia, por lo que revisa acciones que afecten a la Constitución, además del control previo de constitucionalidad en la ratificación de los tratados internacionales, entre muchas otras competencias.
“Es el supremo contralor de los derechos y garantías del Estado boliviano por mandato de la Constitución Política del Estado e interpreta a la misma. Resuelve, por ejemplo, asuntos de inconstitucionalidad y cualquier orden de resoluciones no judiciales”, puntualizó el abogado constitucionalista Israel Quino.



