La reciente visita de la misión de la CIDH a Bolivia dejó mucho que comentar y que desear, como muy bien lo reflejan las columnas de otros pensantes en este mismo periódico a las cuales me adhiero. Sin embargo, más allá de las críticas necesarias a la institución como tal, creo que hay tres “aprendizajes” grandes para nosotros como fuerzas pro-democracia en Bolivia, tanto de sociedad civil como partidos, en relación a nuestro trabajo exponiendo la naturaleza autoritaria del gobierno del MAS frente a organizaciones internacionales.

La primera, por muy repetitiva que sea, es hacer un nuevo esfuerzo en conjunto para reafirmar y exponer la realidad del fraude del 2019. Luego de las elecciones del 2020 y subsecuente división de las fuerzas de “oposición”, nuestros esfuerzos en conjunto han sido claramente insuficientes (casi inexistentes) para demostrar a la comunidad internacional la verdad de lo que ocurrió en Bolivia el 2019. La capacidad del MAS para imponer una narrativa ficticia y engañar a la comunidad internacional en base a noticias falsas ha dejado a quienes podrían ser nuestros aliados en el extranjero, desde la academia hasta la prensa, con certeza sobre un golpe que no fue. Debemos rectificar esto, aunque ya hayan pasado 4 años. Este año y el que viene debemos re-articularnos, pese a diferencias ideológicas, regionales o hasta de estructura (algunos no somos ni queremos ser partidos), porque exponer la verdad del fraude ya no es sólo un asunto de establecer la realidad histórica sino de recalcar la falta de independencia del órgano electoral boliviano y por ende la necesidad de observación electoral robusta e independiente para las elecciones del 2025. El MAS fue muy hábil intentando borrar esta realidad de muchas formas, incluido el acto de “desagravio” a los responsables del fraude con presencia del comisionado de la CIDH, pero esto debe movernos más allá de la indignación a una nueva acción en unidad.

La segunda es la importancia de continuar exigiendo una reforma judicial de la forma más ruidosa y contundente posible, sobre todo exponiendo esta necesidad a entes internacionales cuyo enfoque es el fortalecimiento de este órgano del estado en países democráticos (aunque no lo seamos). Por mucho cariño que la CIDH le tenga al gobierno del MAS y su falsa “descolonización”, la realidad de la debilidad y servilismo del órgano judicial al ejecutivo es innegable y la misma CIDH lo reconoció en su informe aunque quiso desentenderse de la causa. De igual forma, el número alarmante de más de 200 presos políticos en Bolivia es superior a casi todos los otros países de la región y una prueba clara de la naturaleza autoritaria del gobierno de Arce. El MAS es tan hábil escondiendo causa y síntomas de su autoritarismo que la falta de estado de derecho y persecusión política son una debilidad rara pero expuesta que deberíamos exponer más, e idealmente, en unidad.

Finalmente, y este es el tema que más me preocupa, debemos redoblar esfuerzos en la defensa del medio ambiente y denunciando la continua deforestación y explotación de recursos naturales de este gobierno. La protección del medio ambiente y el cambio climático no son prioridad en la agenda política boliviana pero sí lo son a nivel global. La máscara de falso ambientalismo del MAS se continúa agujereando debido a su explotación constante y sostenida de nuestras áreas naturales y territorios indígenas, a tal nivel que la misma CIDH reconoció este hecho en su informe. El documento menciona tanto la invasión al TIPNIS de forma ilegal, para construir una carretera que no cumple estándares internacionales, como el aumento de deforestación, avasallamientos e incendios. Esta explotación de recursos naturales empeorará con la crisis económica, y nosotros deberíamos tener acciones contundentes para documentar y denunciar estos atropellos.

Estos tres temas, electoral, judicial y ambiental, deberían ser el centro de nuestras denuncias hacia entidades extranjeras. En un mundo ideal, tanto representantes de sociedad civil como de partidos que tengamos llegada a la organizaciones o prensa regional o global, deberíamos seguir una narrativa en conjunto que nos dé cohesión al explicar la verdad de lo que ocurre en Bolivia a una comunidad internacional confundida por las noticias falsas o la narrativa del gobierno. Aunque esta necesidad de una narrativa conjunta no se vea como un imperativo hoy, sí lo será a medida que la economía del país empeora y el autoritarismo del MAS se endurece de cara a las elecciones del 2025. Tenemos que estar preparados.