La medida cautelar interpuesta por el ciudadano beniano Miguel Ángel Balcázar contra el reglamento de preselección de candidatos al Órgano Judicial frenó el proceso de recepción de postulaciones que debía concluir este sábado. Una sala constitucional declarará, este jueves a las 16:00, procedente o no el pedido de anulación de la convocatoria. El MAS consideró que la admisión del amparo es “inadecuada”.

El amparo constitucional fue presentado el 10 de abril y pide anular el reglamento de preselección porque el punto 16 de los requisitos comunes señala: “no haber expresado posturas políticas de manera pública”, lo que Balcázar considera una flagrante violación a la libertad de las personas.

“La regulación constituye un atentado flagrante al derecho a la libre expresión que asiste a todo ciudadano, pues resulta en los hechos inverosímil que una persona en su vida no haya expresado posturas políticas de manera pública; considerando que, inclusive a los servidores públicos no les está restringido expresar sus ideas políticas, consiguientemente, el requisito es de imposible cumplimiento”, señala el documento del abogado. 

El diputado oficialista y miembro de la Comisión Mixta de Constitución, Juan José Jáuregui, señaló que la “observancia” a la norma por parte del demandante es “inadecuada” y, pese a ello, dijo que se debe suspender la recepción de requisitos de otros postulantes hasta que la sala constitucional no resuelva la medida cautelar. 

“Simplemente se ha dictado una medida cautelar entre tanto se instala la audiencia sobre el fondo del petitorio. Entre tanto no vamos a recibir postulaciones. Para criterio nuestro consideramos que ha sido inapropiada la admisión”, manifestó el parlamentario.

La audiencia fue programada para hoy, jueves, a las 16:00. Otro de los pedidos de Balcázar es que el Legislativo deba emitir otra convocatoria y redactar un nuevo reglamento previo a las Elecciones Judiciales.

El 29 de marzo se abrió el registro de los candidatos a ocupar altos cargos en el Órgano Judicial, hasta el momento, solamente se presentaron seis postulantes.

Desde esa fecha, el abogado Israel Quino y otros constitucionalistas advirtieron que el reglamento podría ser sujeto a impugnaciones, ya que vulnera al menos 11 preceptos constitucionales.

“Se atenta contra la libertad de expresión y se discrimina. Se inhabilitará a aquellos abogados que en el patrocinio legal hayan otorgado una entrevista o declarado de ‘manera pública’”, explicó el jurista.