El analista y experto en temas electorales Paul Coca recordó que en ambos procesos se impuso el voto nulo y los candidatos no lograron ni el 50% de apoyo en las urnas, que refleja la escasa legitimidad.

• Tweet
• Compartir
• 1+

Magistrados elegidos en 2017. Foto: Archivo

La Paz, 12 de abril de 2023 (ANF).- Las elecciones judiciales de 2011 y de 2017 le costaron al país Bs 225 millones para la designación de 108 magistrados, entre titulares y suplentes, para cuatro instancias del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. La etapa de preselección estaba a cargo de la Asamblea Legislativa, según sus protagonistas, estaba viciada de varias irregularidades y observaciones.

Durante el primer proceso, la Asamblea Legislativa inscribió a 350 postulantes a las cuatro instancias judiciales, de los cuales 118 fueron preseleccionados por el pleno del legislativo para que pasen a la etapa de elección en las urnas

En 2017 se inscribieron un total de 492 postulantes, 142 más que el primer proceso. De esa cantidad 96 fueron preseleccionados por el pleno de la Asamblea Legislativa para que pasen a la etapa de elección por el voto popular.

El Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de administrar las elecciones. El 2011, fueron elegidas 28 autoridades titulares y 28 suplentes; y el 2017, 26 titulares y 26 suplentes. El Tesoro General del Estado destinó Bs 100 millones y 125 millones, respectivamente para la organización. Este año se prevé un presupuesto mayor a los 200 millones

Los reglamentos y convocatorias a la preselección y elección aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron cuestionados, principalmente porque no garantizaban la meritocracia prevista en la Constitución Política del Estado.

Durante la fase de “socialización” de las propuestas de los postulantes surgieron denuncias de “avales” de organizaciones sociales y políticas para tener el voto en el legislativo, se denunció que los preseleccionados hicieron campaña pese a esta prohibido. Observaciones que “golpearon” la legitimidad de esas elecciones.

La “politización” fue el mayor cuestionamiento. El Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo en sus manos toda la preselección de postulantes y votó en bloque sin tomar en cuenta los puntajes; tras la elección se evidenció la “pobre calidad de los seleccionados”.

La ANF entrevistó a la exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Rosario Chanez Chire, fue una de las 56 autoridades elegidas en las elecciones judiciales de 2011, posteriormente fue destituida de su cargo en enero de 2015. Rememora que, si bien muchos de los candidatos se presentaron por su meritocracia, en el camino se conoció que otros tenían aval político. 

“Era la primera vez que íbamos a ser elegidos por el voto popular, al inicio no sabía si los otros candidatos hayan tenido, pero yo no tuve ningún aval político. Cuando me presenté como candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional, no tuve contacto con ninguno de los parlamentarios o busqué aval político como lo hicieron otros. Durante el proceso de selección se escuchó sobre esas irregularidades”, cuenta la exautoridad después de más de una década de ese proceso.   Elecciones judiciales 2011 y 2017 en Bolivia by ANF on Scribd

Las observaciones

Tras la experiencia de las elecciones de 2011 diversos actores señalaron que haber dejado en manos de la Asamblea Legislativa la preselección de candidatos había producido dos resultados negativos: “la politización del procedimiento y la pobre calidad de los seleccionados”. Para enfrentar esa situación, antes de las elecciones de 2017, organizaciones de la sociedad civil plantearon que se introduzca un filtro de profesionalidad que no tuviera un sesgo político. Entonces, se pensó que una instancia académica debería proveer ese elemento y se recurrió al Sistema Universitario Boliviano, se reseña en el libro: Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Convocaron al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para ser parte del proceso, pero tres universidades objetaron participar alegando varios motivos de fondo. De todas maneras, se eligió a ocho docentes, quienes fueron parte de la evaluación de los candidatos y, además, elaboraron el banco de preguntas para el examen. Aunque al final, la Comisión de Constitución elaboró otra batería de preguntas ante la posibilidad de preguntas “impertinentes”.

El entonces rector de la UMSA Waldo Albarracín dijo que cuando la participación de las universidades sea protagónica y no se convierta en una figura decorativa que legitime una selección sesgada de candidatos, las autoridades académicas podrán respaldar esa iniciativa.  

Saúl Paniagua, delegado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), recordó que hizo dos observaciones durante la calificación de los requisitos de los postulantes al TCP: la legalización de títulos académicos de estudios realizados en el exterior por un notario de fe pública y la discriminación de los candidatos de origen indígena originario.

Sus observaciones no fueron atendidas por parte de la senadora Adriana Salvatierra y la diputada Susana Rivero, ambas del MAS y que presidían la Comisión de Constitución, decidió abandonar el proceso. Posteriormente presentó un informe al CEUB explicando las irregularidades que identificó.

Voces críticas sostuvieron que la presencia de las universidades no garantizó un proceso idóneo porque el problema de origen era el reglamento y la convocatoria, toda vez que los filtros no garantizaban la independencia y la meritocracia de los aspirantes.

Simpatía y aval político

Otras de las observaciones que se hizo es que la mayor parte de los candidatos eran simpatizantes o tenían alguna cercanía con el MAS. Si bien entre los requisitos, del proceso de 2011 y 2017, estaba previsto no tener militancia política, cinco años antes del momento de la postulación, no garantizó su imparcialidad porque muchos fueron funcionarios del gobernante MAS.

Al respecto, el exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, dijo que el proceso de evaluación de los méritos de los candidatos no estaba orientado a certificar que sean profesionales idóneos y sin militancia política

"Fue un reglamento nefasto porque el procedimiento meritocrático no está orientado a verificar un conjunto de idoneidad, de ejercicio ético, gerencial, social. En las dos elecciones anteriores el Legislativo ha seleccionado a los candidatos sobre la base de la afinidad política”, afirmó el jurista.

Uno de los más cuestionados fue Pastor Mamani que en 2011 fue electo como magistrado titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En enero de 2017, cuando estaba al frente de esa instancia judicial, se declaró admirador del entonces presidente Evo Morales, poco tiempo después renunció a su cargo para postularse como magistrado al TCP.

El entonces diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral denunció que Mamani fue sorprendido visitando a legisladores del MAS en la Asamblea, además que realizó campaña de su candidatura en Potosí, también denunciaron que gestionó que el nuevo edificio judicial de Villazón lleve su nombre, hecho que fue revertido.

Hubo denuncias contra candidatos por realizar campaña durante la “socialización” de sus propuestas, pese a que estaba prohibido de acuerdo al reglamento del TSE, aunque las denuncias no fueron acogidas y fueron rechazadas.

El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe a los candidatos a cargos judiciales “efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales o espacios públicos”.

También se denunció que había candidatos que recurrieron a las organizaciones sociales que bajo el pretexto de difundir sus propuestas para la Justicia solicitaron el apoyo para ser elegidos. Aunque también se supo que el “lobby” había empezado mucho antes en la etapa de preselección.

Reglamento y calificación de méritos

La Fundación Construir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, realizó el seguimiento en ambas elecciones. Su directora Susana Saavedra explicó que se hicieron observaciones a la evaluación de méritos en 2011. Por ejemplo, los legisladores no tenían criterio para diferenciar una maestría con un curso corto o un seminario, tenían las mismas notas.

A la vez, dijo que la calificación de la etapa de evaluación fue cuestionada en 2017 porque el puntaje mínimo para que un candidato pase a la última fase era 56 puntos. Consideró que ese porcentaje era muy bajo para un postulante a un alto cargo la magistratura.

“Otro tema es la calificación, en 2017 le pusieron el puntaje mínimo de un estudiante universitario, creo que era 56 puntos y nosotros pedíamos que sea 70 o 75 puntos, porque un postulante a autoridad de alta corte no puede tener ese puntaje”, enfatizó. 

Escasa legitimidad

El proceso fue inédito, no solo porque era la primera vez que las autoridades eran electas por voto popular, sino porque los votos nulos y blancos superaron la votación de los candidatos. En 2011, los votos en blanco eran 629.469 (15,07%) y los votos nulos 1.779.425 (42,60%), similar situación se produjo seis años después.

En relación al tema, el analista y experto en temas electorales Paul Coca ratificó que el voto nulo y blanco se impuso en ambos comicios, pero los porcentajes que sacaron los candidatos les sirvió para asumir el cargo de forma lega

"Hubo un bajo nivel de legitimidad de los elegidos en ambos procesos, la ley boliviana es clara existe votos válidos, blancos y nulos, los votos nulos no sirven. El cómputo con el que estas personas fueron elegidas era excesivamente baja, pero lo suficientemente alta para que legalmente asuman sus cargos”. 

Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás: la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%, precisa en el texto Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Rafael Puente en un artículo titulado Prohibido votar nulo, en noviembre de 2017, decía: “Impusieron el poder judicial más mediocre de nuestra historia y el más sucio. En aquellas elecciones dijimos que no. Los votos nulos y blancos fueron la inmensa mayoría. Ahora no quieren que vuelva a quedar constancia del rechazo. (…) ¿No dicen que no harán caso de los votos nulos y blancos? Entonces déjennos el derecho a dejar constancia matemática de cuántos estamos en desacuerdo con el burdo teatro armado para gobernar con tribunales sumisos”.

Proyecciones

Los entrevistados coincidieron que el proceso de preselección que está llevando a cabo la Asamblea Legislativa será la continuidad de una justicia sin independencia y que estará apegada al poder político.

Coca añadió que se consolidará un sistema judicial sin transparencia, carente de independencia y advirtió que, en base a esos antecedentes, será más difícil una reforma estructural de la justicia.

Por su parte, Chanez manifestó que es necesario que exista voluntad política del Gobierno para dejar de presionar al Órgano Judicial y dejar que actué en base a la Constitución y las normas. Advirtió que, si no existe ese escenario, no importará la modalidad en la que se elijan los candidatos, la justicia continuará sometida al poder político.

Instituciones de la sociedad civil se han sumado a impulsar la iniciativa ciudadana de un grupo de Juristas que han planteado una reforma estructural de la Justicia, a través de un referéndum para reformar parcialmente la Constitución Política del Estado.

Actualmente se encuentran en la recolección de 1,5 millones de firmas para que el TSE apruebe la realización del referéndum. 

/EUA/NVG/