A fines de diciembre de 2010, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aprobó un decreto que disponía la eliminación de la mayoría de los subsidios al combustible, con incrementos de 82% en el precio del diésel y del 72% en la gasolina.

La vigencia del gasolinazo duró poco. Quienes pagaron un precio mayor por los combustibles en la madrugada se enteraron a media mañana que el propio Morales había decidido abrogar la norma y reponer las tarifas anteriores tras recordar su promesa de “gobernar obedeciendo al pueblo”, un pueblo que durante las escasas horas de vigencia de la medida se lanzó a las calles y puso contra la pared al Gobierno.

Morales creyó que tenía el suficiente respaldo social como para imponer una medida antipopular, pero se dio cuenta que ni siquiera él, en el apogeo de su popularidad, podía disponer, sin consecuencias, un incremento que iba a tener un efecto multiplicador sobre el resto de los precios.

Doce años después el expresidente evidentemente ya no es tan “obediente” o prefiere no serlo porque, desde la oposición, el pueblo importa menos que poner en apuros a su exaliado. Ahora dice que la política de subsidios a los hidrocarburos es un cáncer, “una sangría” para la economía.

Pero a Morales no le interesa solucionar ningún problema, sino agravarlos todos y el Gobierno no parece estar dispuesto a contestar con mayor firmeza a sus provocaciones.

Arce evita responder directamente a los cuestionamientos y prefiere que algún ministro o asambleísta haga la tarea. Esa actitud, que sería recomendable en la mayoría de los casos, no lo es tanto en tiempos de incertidumbre, cuando la gente necesita identificar un liderazgo.

La estrategia política de Arce, de cerrar acuerdos con algunas organizaciones sociales para demostrar que él también puede encabezar el bloque popular, resulta insuficiente porque en esa batalla interna el expresidente lleva las de ganar. Posiblemente no tenga a la mayoría, pero le basta con algunos sectores para generar malestar.

Pero ya no es al interior del MAS que se pueda resolver el problema, ni midiendo fuerzas en las calles. La crisis del partido de gobierno es hoy la crisis del país no solo por el agotamiento del modelo implementado desde hace 17 años, sino porque no existe hoy un nuevo modelo de referencia, salvo el que indique cierta racionalidad en el manejo de los asuntos del Estado.

Hasta 2006 los cambios se dieron dentro de los mismos postulados o principios, pero a partir de entonces, la “bonanza” del gas permitió disimular fisuras que hoy hacen grietas en la estructura económica del país.

El presidente Arce difícilmente dará un giro que vaya en contra de su “credo” económico. En ese sentido, ni hablar de eliminar subsidios a los hidrocarburos, de mayores cuotas de exportación u otras medidas que tengan un tufillo “neoliberal” y/o antipopular, que debiliten su frágil posición en la pelea discursiva que libra con su adversario.

El MAS se va quedando sin narrativa y ha perdido por completo el norte ideológico. Los pedidos de gasolinazo de Evo, las conspiraciones internas, la organización de un golpe en contra del presidente, las innumerables denuncias de corrupción que golpean a ambos bandos, la reacción tardía y errática del Gobierno para enfrentar las dificultades económicas y el debate prematuro sobre legados y candidaturas no son sino síntomas de una agonía que puede durar algún tiempo más.

Si a fines del siglo pasado eran inocultables las señales de la decadencia del sistema de partidos y las insuficiencias del modelo de mercado para resolver las demandas sociales, hoy es también evidente que algo está llegando a su fin.