El expresidente Carlos Mesa, que ha sido acusado por el gobierno de Evo Morales por el caso Quiborax, ha afirmado que no acepta ser acusado, sino que acusar. El título me recuerda al famoso juicio a Dreyfus, escrito por Emile Zola.

El Gobierno ha cometido un error político de medidas hercúleas en su intención de iniciar un proceso a su más poderoso rival.

Dicho injusto proceso ha creado empatía y la opinión pública, así como muchos medios, se han solidarizado con el vocero de la causa marítima.

Los bolivianos se dieron cuenta que el objetivo del Gobierno era inhabilitar y desprestigiar la figura de Mesa. Éste, sin embargo, ha ganado más popularidad que nunca. El mal cálculo político del Gobierno creó un efecto bumerán. Situación que jamás imaginó.

Incluso la exministra de Comunicación y actual gerente general de la editorial del Estado, Amanda Dávila, escribió en su cuenta de Twitter: “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena Quiborax en defensa del país; eso o tiene precio, pienso yo”.

Luego aclaró que defendió la nacionalización, no a Mesa.

Existe una alta probabilidad de que Evo se postule a pesar de que es ilegal. Fue recientemente proclamado por sus bases cocaleras del trópico como candidato para las elecciones del 2019. En tanto, el expresidente ha reiterado que no presentará su candidatura. Algo difícil de prever.

Ante el crecimiento de la imagen del expresidente, el Gobierno decidió no tratar durante esta gestión la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de realizar un juicio de responsabilidades contra él, ya que existen muchos casos pendientes.

Según una reciente encuesta, la intención de voto sitúa a Morales con el 27% y a Mesa con 25%. Si ambos se presentaran, y si así se diera la votación, tendrían que ir al balotaje, del que se estima que el expresidente obtendría el 48% de los votos y el actual 32%. Aquél estaría apoyado por la oposición que votó por el NO a la repostulación de Evo en el referendo del 21F.

Por tanto, Mesa sería el próximo presidente constitucional de Bolivia. ¿Se presentará como candidato de la oposición ahora dispersa?  

El vocero de la demanda marítima afirmó que tiene el derecho de combatir el autoritarismo y defenderá el 21F, el talón de Aquiles del presidente Evo. Ya anunció que Morales debe ser acusado por el caso Guaracachi, en el que el Estado boliviano pagó 31,5 millones de dólares tras  perder el laudo arbitral por la nacionalización de la compañía eléctrica.

Esto es sólo la punta del iceberg. Luego sacara al gobierno “los trapitos al sol” que restará votos al Presidente.

El Gobierno acusa a Mesa de emitir resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y daño económico al suscribir un decreto que revocó las concesiones de la empresa de capitales chileno-bolivianos Non Metalic Minerals - Quiborax.

Según la internacionalista Karen Longaric, el Gobierno, al revocar la concesión, omitió formalidades legales subsanables.

En el año 1999 se autorizó a dicha compañía explotar la ulexita en el Salar de Uyuni, que sirve para diversos productos químicos. El Superintendente de Minas del gobierno de Mesa anuló las concesiones por su ilegalidad y las revocó por cometer fraude tributario y daño al medioambiente, entre otros incumplimientos. Luego la expulsó. El gobierno de Evo pagó 42,6 millones de dólares a una empresa fraudulenta. Un monto exorbitante. Esto no ha sido más que un intento de juicio político.

Verónica Ormachea Gutiérrez es periodista y escritora.