La elección de nuevas autoridades judiciales en el país está en marcha, por tanto también la oportunidad de contar con los mejores profesionales que se encargarán de administrar la justicia.

El lunes 27 de marzo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el reglamento y la convocatoria para la preselección de los postulantes, con lo que dio luz verde a este proceso, en el que están involucrados los cuatro órganos del Estado, y la participación de la población en las urnas será decisiva.

De acuerdo con el numeral 5 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), la ALP tiene como atribución hacer la preselección de los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM).

Según el cronograma establecido, del 29 al 15 de abril se recibirán los documentos de los aspirantes, del 17 al 27 del mismo mes se verificará el cumplimiento de los requisitos, el 28 de abril se publicará la lista de los postulantes habilitados, del 29 de abril al 4 de mayo se harán las impugnaciones, del 11 al 21 del mismo mes se evaluará la experiencia laboral y formación profesional de los aspirantes, del 22 al 27 de mayo se evaluarán los conocimientos de manera escrita, del 28 de mayo al 4 de junio se harán las entrevistas.

Posteriormente están dos pasos cuyas fechas aún no están definidas y son: la presentación del informe final de evaluación y la sesión de la ALP para la elección de los postulantes que se someterán al voto de la población en las urnas.

Este proceso que ya se inició es el tercero que se registra en el país, luego de los desarrollados en 2011 y 2017. La primera experiencia puso a Bolivia como el único país en el mundo que se vale de este sistema para designar a los magistrados más importantes en la administración de justicia.

Luego de las elecciones de 2011, diversos actores señalaron que haber dejado en manos de la Asamblea Legislativa la preselección de candidatos había producido dos resultados negativos: la politización del procedimiento y la pobre calidad de los seleccionados.

Por tanto, en el debate previo a las elecciones de 2017 este punto resurgió, planteado por organizaciones de la sociedad civil, y para atenderlo se reclamó la introducción de un filtro de profesionalidad que no tuviera un sesgo político. Se pensó entonces en involucrar al Sistema Universitario Boliviano.

En la actualidad, la elección de los postulantes, que serán valorados por la población que emitirá su voto, en la Asamblea Legislativa anticipa un problema, toda vez que la oposición representada por Comunidad Ciudadana (CC) de plano anunció que no propiciará los dos tercios de los votos para elegirlos, con lo que abiertamente, y sin conocer a los candidatos, está adelantando que obstaculizará la llegada a buen puerto.

Para el Gobierno esta postura apunta a un cuoteo, lo que queda rechazado totalmente, porque no sería lógico ni aceptable que un grupo de magistrados y consejeros responda a un determinado partido político, cuando se trata más bien de contar con los juristas más probos para que administren la justicia y de esa manera el país avance.