Un post que coloque cualquier persona en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube o cualquier red social puede llevarlo a cometer alguno de los cinco delitos que contempla un proyecto de ley planteado por el MAS y llevar al internauta a cumplir una pena de prisión de cuatro a siete años si es que la Policía y un grupo de “patrullaje cibernético” en el que están los ministerios de la Presidencia, Gobierno y la Justicia así lo determinan.

El proyecto de ley 304 de regulación de redes fue presentado por el diputado oficialista Juan José Huanca. 

Los artículos 8 y 9 incorporan en el Código Penal el delito contra la honorabilidad y reputación en las redes sociales, contra la honorabilidad a través de las redes sociales, el de la creación de cuentas falsas en redes sociales, el de hacker y el de tráfico de datos. Todos ellos con un castigo de cinco a siete años de cárcel.

La norma es considerada por la oposición como parte de las ‘leyes malditas’ que intentan vulnerar las libertades de protesta, de prensa, y en este caso, de expresión.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que “esta norma criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales y a los ciudadanos. Este es un derecho que afecta a todos, no sólo a los periodistas, y promueve la censura previa. Si revisan el contenido esta norma es una mordaza, previa y posterior”.

La senadora Centa Rek, de Creemos, la calificó como un nuevo intento de censura a la sociedad boliviana, buscando acallar voces antes que educar, formar y preparar en el uso ético y correcto de las redes sociales. 

“Esto es más que una censura, es otra búsqueda de acallar voces y no el deseo de educar, no el deseo de formar a la sociedad, porque para educar y para formar existen posibilidades que no son penalizar con delitos y sentencias de cinco a siete años. ¿De verdad el gobierno cree que somos ingenuos?, ¿de verdad el gobierno cree que puede destruir la sociedad boliviana? Que puede gobernar haciendo las cosas discrecionalmente, solamente metiéndonos a la cárcel, haciendo que este país sea una gran cárcel”, dijo la senadora Rek.

El presidente de la comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala ‘arcista’, confirmó que este proyecto fue presentado por su colega Huanca.

Sin embargo, manifestó que ni él ni el Gobierno están de acuerdo con su contenido. “El hecho de que esta norma haya sido presentada por un compañero del MAS no implica que sea la voz del Ejecutivo y menos del conglomerado de los legisladores. Es una iniciativa absolutamente particular que debe transitar un procedimiento, consultas, verificación si es que se ajusta a contenidos constitucionales y el respeto a derechos internacionales”.

“Personalmente, no estoy de acuerdo con esta norma. Es inadecuada porque colisiona contra pactos y tratados respecto a la libertad de expresión”, reiteró Jáuregui.

El proyecto de ley 304 tiene por objeto regular los post en las redes sociales “que atenten contra la integridad moral, psicológica, ofensas, difamaciones, calumnias, que menoscaben la dignidad, honorabilidad de toda persona natural y jurídica, ya sea a través de cuentas creadas, falsas o hackeados, en todo el territorio”.

La finalidad, según el documento, es evitar el uso inadecuado de las redes y proteger a los usuarios frente a las conductas lesivas o potencialmente peligrosas con la difusión de imágenes, videos, información falsa que atente contra la dignidad y honorabilidad de las personas naturales y jurídicas, bajo los principios de respeto, transparencia, corresponsabilidad y veracidad.

En el artículo 6 prohíbe publicar informaciones, comentarios ofensivos, amenazas acerca de otras personas, imágenes y videos de personas, grupos o instituciones “que agravien, afecten u ofendan su imagen personal, honra, intimidad, integridad personal, libertad de expresión usando internet”. 

Prohíbe también usar lenguaje violento que incite al odio, discriminación; difundir noticias falsas para atacar al oponente político o comercial, empresarial o institucional. No podrán usar redes sociales los menores de 12 años sin consentimiento de padres o tutores. No se podrán usar datos personales, información, videos, fotos o contenidos sin el consentimiento de las personas involucradas o el titular de la cuenta ni se podrán descargar contenidos sin el consentimiento del mismo (el titular de la cuenta).

 “Queda terminantemente prohibido crear una identidad falsa o hackear cuentas en redes que dañen la imagen o la honorabilidad de las personas naturales y jurídicas”.

Entre las obligaciones de los usuarios, en el artículo 7, están denunciar ante cualquier autoridad competente, las cuentas falsas creadas con fines ilícitos, las cuentas hackeadas y todo tipo de publicaciones que atenten contra las personas naturales y jurídicas en su imagen, honorabilidad u otros.

No compartir publicaciones que perjudiquen o dañen a terceras personas, velar por la información veraz sin violar la confidencialidad y privacidad y usar las redes sociales sólo con fines de información, comunicación y velando por la protección de las personas.

En el artículo 9 se consolida un patrullaje cibernético de la Policía Boliviana, pero en coordinación con los ministerios de la Presidencia, Gobierno, Justicia, las universidades de los nueve departamentos que permitan determinar el delito cometido y la Defensoría del Pueblo.

La ley 305
Además, tras una serie de reclamos de organizaciones de prensa y de medios de comunicación, el diputado Jáuregui, abrió la posibilidad de cambiar el contenido del artículo 281 del proyecto de ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, que para organizaciones de periodistas y medios lesiona la libertad de prensa.

El proyecto modifica un apartado del Código de Procedimiento Penal y señala que serán sancionados de tres a siete años de cárcel las personas que promueven el racismo, pronuncien discursos de odio e inciten a la violencia.
El proyecto de norma advierte que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

Sobre eso, Jáuregui planteó: “Podemos replantear una redacción para que se pueda evitar vulnerar el derecho que tienen constitucionalmente reconocido los medios de comunicación para informar de manera imparcial”.

La Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se declararon en emergencia.

Por otra parte, las agrupaciones políticas Creemos y CC enviaron cartas al presidente para su anulación y hasta la dirección nacional del MAS que apoya a Evo Morales defendió la libertad de prensa en un comunicado.