A un par de semanas para que se cumpla el plazo de recolección de firmas para impulsar un referendo para la reforma judicial, los juristas independientes anuncian una gran movilización para este domingo 16 de abril “Día Nacional por la Justicia” en la búsqueda de mayor apoyo a la iniciativa ciudadana. En tanto, esperan que esta semana el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que presentaron contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La convocatoria para este 16 de abril el ‘Día Nacional por la Justicia’, de tal manera que este domingo podamos realizar en todo el país una gran movilización y completar el 1,5 millones de firmas que nos permitan arribar a un referendo , pero sobre todo nos permitan dar un ‘mentis’ (desmentir, contradecir) categórico ciudadano a estas trabas que se nos están presentando y en este sentido hemos tenido que asistir a la justicia constitucional para impugnar resoluciones del Órgano Electoral que nos están obligando a transcribir integras 1,5 millones de firmas a medios informáticos; le hemos dicho al TSE que esto no es posible”, señaló en conferencia de prensa el legista Juan del Granado.

En esta jornada se prevé sacar vehículos con altoparlantes para desplazarse por las ferias dominicales y los mercados de cada zona, en el caso de La Paz.

Durante este proceso, se conoció la exigencia de la entidad electoral de transcribir a un soporte digital el millón y medio de firmas recolectadas, aspecto que se aplica a los partidos políticos.

“Es una tarea imposible de realizar, se necesitan entre 200 y 300 transcriptores, con sus respectivos equipos, que trabajarán en tres turnos durante un mes y medio. Le hemos dicho al TSE que esto está bien para los partidos políticos, pero no para una iniciativa ciudadana que no tiene financiamiento. (...) El TSE ha rechazado nuestra impugnación”, agregó Del Granado.

Petitorio

Los juristas demandan a la justicia constitucional:

- Dejar sin efecto las ilegales determinaciones adoptadas por las autoridades electorales accionadas en Sala Plena de rechazar nuestra solicitud de exonerarnos de la obligación de trascribir las 1,5 millones de partidas de adhesión a la iniciativa ciudadana recogidas en los libros.

- Ordenar a las autoridades electorales resuelvan la solicitud planteada el 13 de febrero de 2023 mediante una resolución expresa, suficiente y razonablemente motivada en derecho, aplicando con preferencia la Constitución y la Convención Americana sobre DDHH, frente al “Reglamento para la verificación de huellas, firmas”.

Denuncian vulneraciones

Los juristas consideran que el Órgano Electoral estaría vulnerando por lo menos dos derechos fundamentales de los ciudadanos. El primero la “violación de nuestro derecho político a la participación”. El art. 25 de la Constitución dispone que todos “los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político”. Otro aspecto es la “vulneración de nuestro derecho al debido proceso en su componente del derecho a la motivación de las resoluciones”.