Durante la visita in loco a Bolivia, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo una audiencia especial con indígenas afectados por el avance de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM).

El proyecto vial ruta F-24 es considerada parte de la red fundamental de carreteras de Bolivia, deberá conectar con la ruta F-4 en el norte amazónico del país, y en su diseño actual atravesará el Parque Nacional Isiboro Sécure y vulnerará los derechos de ocho pueblos indígenas amazónicos ubicados en dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO): moxeño trinitarios, yuracarés y chimanes en el TIPNIS, y trinitario, ignaciano, movima, yuracaré y chimán en el TIM.

La audiencia

La audiencia se instaló a medio día del miércoles 29 de marzo en el Hotel Cochabamba. Por parte de la CIDH estuvieron las comisionadas Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y moderó el evento la secretaria ejecutiva Tania Reneaum.

Rompiendo el protocolo de testera y público, las comisionadas propusieron armar una ronda de sillas para conversar más próximamente con la audiencia que estuvo conformada por autoridades y exautoridades indígenas, además de activistas e investigadores. La sesión duró más de una hora y media en la que cada participante fue argumentando las vulneraciones a derechos colectivos como la consulta previa, el derecho al territorioante avasallamientos y el avance de obras y gestiones de las gobernaciones de Beni y Cochabamba para concretar la vía.

Todos los afectados expresaron claramente como punto de partida los principales puntos de sus votos resolutivos de los últimos meses, en los que nuevamente rechazan el proyecto vial por los impactos socioambientales que evidencian en estos años de avance irregular de las obras en el tramo 3 San Ignacio de Moxos – Monte Grande del Apere de 82 kilómetros que atraviesa el TIM, y el tramo 2 Isinuta – Monte Grande del Apere de 170 km aproximadamente que cruza el TIPNIS.

Impactos del avance de la vía

A su turno, el cacique del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Hernán Suárez, detalló el problema de los asentamientos campesinos al inicio sur de tramo 2: “hacer notar el constante avasallamiento que tenemos en el TIPNIS ¿por qué hemos rechazado la carretera? Si el camino va peor va a haber avasallamientos, porque sin camino sigue habiendo avasallamientos. Queremos que nos respeten los hermanos interculturales, si bien somos vecinos, pedirles respeto a ellos. Y hacer notar ala comisión que haga respetar nuestros votos resolutivos”.

El cacique se refiere a los votos resolutivos de 2022 y de 2023 en los que tanto el Conisur como el TIPNIS rechazan el proyecto:

“No permitiremos la ejecución de ningún proyecto de vinculación (carreteras, aperturas y puentes) mientras no se solucionen los conflictos de límites, avasallamientos, asentamientos ilegales, la consolidación de la autonomía y se vuelva a realizar una nueva consulta previa, libre e informada respetando nuestros usos y costumbres y nuestra libre determinación” (Voto resolutivo 08/2022 de diciembre de 2022 en el Encuentro de corregidores del Consejo Indígena del Sur (Conisur-TIPNIS).

“53 comunidades en representación de las 74 comunidades junto a las organizaciones matrices y orgánicas del TIPNIS, resolvemos rechazar la construcción del tramo carretero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, que pretende atravesar el corazón de nuestro territorio, el mismo que es nuestra casa grande” (Voto resolutivo del 39º Encuentro de Corregidores del Tipnis, comunidad de San José de Angosta, 8, 9 y 10 de marzo).

El secretario de Tierra y Territorio del TIM, Simón Muiba, lamentó que el TIM no es mencionado con frecuencia como territorio afectado por la vía, siendo que el tramo 3 atraviesa su territorio y que actualmente cuenta con una plataforma en mejoramiento: “Como TIM tenemos una parte de la carretera que ya se construyó y también estamos viendo los daños, los perjuicios que ocasionan la carretera”, aunque advirtió que “hay una parte que no hay nada de camino, no hay ni brecha, es donde simplemente nuestra gente entra a sus comunidades caminando por senditas”. El TIM hace poco emitió un voto resolutivo que dicta:

“No permitiremos que personas, autoridades o instituciones ajenas a nuestro territorio decidan sobre los destinos de nuestra Casa Grande, ya que en el ejercicio pleno de nuestra autonomía somos los únicos y legítimos dueños quienes tomamos y tomaremos las decisiones de nuestro territorio en el ejercicio de nuestra libre determinación” (Voto resolutivo 01/2023 de febrero de 2023 en el Encuentro de Emergencia del Territorio Indígena Multiétnico - TIM)

Por su parte, Petronila Ipamo Semo, secretaria de género del TIM, también explicó que no solo ven las consecuencias de la plataforma del tramo 3, sino que ven los impactos de otra carretera ya en funcionamiento: “Ya tenemos una carretera construida que viene de San Borja a San Ignacio y vemos las afectaciones que tiene ahorita y cuáles son los efectos que están pasando, y quiénes son los que sufren. En la gran parte que van a pasar por el TIM tenemos a las comunidades chimanes, esas comunidades son las más afectadas cuando esa carretera sea construida”.

También alertó sobre la falta de información y buena fe por parte de las empresas contratadas, pese al continuo rechazo de la vía:“las empresas que están construyendo hasta ahorita no nos dan una información sobre la construcción de la carretera. Nosotros hemos pedido como representantes de los territorios, nunca nos los han dado ni nos han querido dar. Y nosotros queremos que esa carretera no se abra. No solo los hermanos chimanes van a sufrir, sino que también nosotros como trinitarios, ignacianos, yuracares que somos cinco etnias que habitamos y están en cada comunidad. En cada momento de encuentro de corregidores siempre estamos sacando votos resolutivos en contra de la carretera”.

También se hizo notar que las comunidades asentadas a lo largo de los ríos Isiboro y Sécure no serán conectadas por la vía, y que esto se expresó en el encuentro de comunidades de Carmen del Coquinal, según expresó la representante de la organización de mujeres de la Subcentral TIPNIS, Ruth Rocha. El documento del encuentro dice:

“Resuelven: 3. Que no están de acuerdo con la carretera porque a nadie de estas comunidades le beneficia” (Voto Resolutivo de comunidades del TIPNS en Carmen del Coquinal, de 10 de febrero de 2023).

Observaciones apuntadas

Al final de las intervenciones, las comisionadas tuvieron cada una su turno para pedir más aclaraciones o absolver dudas, lo que quedará expresado en los documentos con información adicional que se les remitirá, y donde los indígenas reforzarán sus peticiones ante la CIDH, que involucra el caso de la represión policial en Chaparina en 2011 durante la VIII marcha indígena contra el proyecto, el avance de obras viales dentro el TIPNIS y el TIM, percepciones y evidencias sobre impactos ambientales como deforestación, contaminación, sequías, etc. y avasallamientos en las TCO y en las Áreas Protegidas.

Finalmente, en razón de ello, el viernes 31 de marzo la CIDH emitió una conferencia con sus observaciones preliminares de su visita in loco a Bolivia en la que menciona como numeral 16:

“16. Adicionalmente, se recibió información sobre el avance de la construcción de una carretera en los territorios TIPNIS y TIM. Estos y otros proyectos, según sociedad civil, no se ajustarían a los estándares interamericanos sobre consentimiento libre, previo e informado. También, se recibieron denuncias sobre el aumento de las actividades ilegales de deforestación, avasallamientos de tierras e incendios producto de la expansión agrícola sin control en áreas protegidas. A lo anterior se suma la falta de un código procesal que rija la jurisdicción agroambiental”.