La reciente visita de la CIDH ha sido difundida ampliamente, especialmente luego de la entusiasta participación del comisionado Joel Hernández en el “desagravio” a los responsables del fraude en 2019. ¿Tanto tiempo tendría el delegado mexicano que pudo darse una escapadita para abrazar y llorar ante los responsables de la debacle electoral de 2019? Dejaron un informe preliminar que pudo ahorrar la mitad del papel destinado a elogiar los “avances sin precedentes” respecto a la inclusión social en Bolivia. Justo en momentos en que los “incluidos recientes” están asustados por la falta de empleo, de dólares, la probable afectación de sus ahorros previsionales para salvar la gestión de Arce y mientras los genios del “proceso de cambio” se lanzan graves acusaciones de corrupción y narcotráfico, que desmienten el cuento chino del exitoso estado plurinacional y el vivir bien.

Muchas personas “acogieron con beneplácito” los comentarios y recomendaciones relativos a la justicia. Cómo no estar de acuerdo si una vez más constataron “la falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera, caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial ”. Aunque todavía se fueron con una duda: “En este panorama no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal”, dijeron. ¿Será el huevo o la gallina? se habrán preguntado. Quizás en diez años se inclinen por alguna de las hipótesis cuando más gente siga cumpliendo años de detención “preventiva” sin justicia ni sentencia como ocurre con Elvira Parra, sobre quien pesan 180 causas que deberá enfrentar desde su casa gracias a la “generosidad” del sheriff Iván Lima que le permitió irse a casa después de siete años sin sentencia. Qué falta de vitaminas tienen estos comisionados para no arriesgar un juicio razonable, evitando la gastada referencia a la discriminación estructural que es decir todo y nada. Se entiende que siguiendo prácticas habituales los informes tiendan a combinar una de cal con otra de arena; lo que resulta incomprensible es que se hayan prodigado en elogios a todo lo que dice la letra de la constitución sin incluir ninguna interrogante sobre la razón por la que el gobierno/ estado no cumple la ley.

¿Era necesario hablar de avances cuando Bolivia sigue a la cola en la mortalidad materna, solo por encima de Haití? ¿No podían enterarse del Informe 2022 de la Defensoría del Pueblo que muestra que el estado no cumple la sentencia constitucional de 2015 sobre interrupción del embarazo? ¿Con quienes hablaron que no se enteraron que Bolivia es el país de América del Sur con la tasa más alta de feminicidios y de impunidad?

¿Había que subrayar la “fundación de un nuevo Estado de Derecho multilingüe basado en democracia, interculturalidad, descentralización y autonomía”, si ellos mismos afirman que no hay independencia judicial?

Ojalá en su informe final nos cuenten con quién hablaron.

El informe dedica trece puntos para elogiar el modelo, siendo la parte más lamentable, si cabe, la relativa al entusiasmo con “los pilares de la descolonización y de la despatriarcalización desde una perspectiva de justicia social”. El informe hace coro con el oficialismo que cada que se le pregunta algo, saca un rollo de papel con leyes, decretos, proyectos, programas, cero indicadores, cero resultados y mucha plata para propaganda. Claro, después de alabar la papelería abundante lloran de nuevo porque “persisten los elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas, y una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes.” Pensar que el ministro de injusticia haga algo sería un exceso.