Hace muchos años, quizás desde siempre, la justicia boliviana ha funcionado muy mal por lo que superar sus problemas es una tarea imprescindible para el desarrollo nacional y debería contar con el apoyo del gobierno y de toda la población. Ante esta necesidad, los juristas independientes han tomado la iniciativa de recolectar firmas para hacer posible una reforma. Aunque, en mi criterio, lo que proponen no es suficiente, su iniciativa es un importante paso para una reforma posterior y sobre todo para crear un ambiente propicio para que se pueda dar. Corresponde, entonces, apoyar la iniciativa de los juristas independientes.

En mi opinión, hay tres áreas en las cuales cabría introducir cambios o mejoras en una reforma posterior. Éstas son: 1) Leyes y normas, 2) Administración de la justicia, 3) Formación profesional de jueces y fiscales.

El cuerpo de leyes y normas tiene tres problemas: 1) Existen leyes y normas anticonstitucionales como la retroactividad de los delitos prevista por la ley Marcelo Santa Cruz y la presunción de culpabilidad implícita en las normas de detención preventiva, 2) Algunos delitos están mal definidos dando lugar a la posibilidad de extorsión por jueces y fiscales, como por ejemplo, “daños al estado”, “incumplimiento de deberes”, “tráfico de influencias”, “terrorismo”, etc, 3) No está tipificado como delito el que las autoridades de gobierno ejerzan presión sobre jueces y fiscales para imponer imputaciones y sentencias ni existe sanciones cuando denuncian hechos como delitos cuando no lo son.

La segunda área donde corresponde introducir cambios es la de la administración de justicia. Urge la disminución de la carga procesal y del número de detenidos lo que debe resultar de: a) la modificación de leyes y normas, b) la extinción de los procesos que se encuentran sin sentencia por más de 5 años, c) la eliminación de incentivos perversos de jueces y fiscales para alargar los procesos, c) la disminución de penas para delitos menores, d) El acortamiento de los plazos procesales, e) La introducción de medios digitales para un manejo eficiente y ágil de los casos.

Además, se requiere que la designación de magistrados debe realizarse con base en la experiencia e imagen pública de los candidatos en forma absolutamente independiente de influencias políticas, aumentar la cobertura territorial de los servicios judiciales, rebajar los costos para los litigantes y simplificar los procedimientos.

Se necesita crear tribunales especializados en materias específicas como finanzas y bancos, servicios de salud, ecología y medio ambiente.

Se debe crear la carrera judicial y la designación de jueces y fiscales debería hacerse respetándola y por concurso de méritos y examen de competencia.

La tercera área se refiere a la necesidad de mejorar la formación profesional de jueces y fiscales pues este cuerpo profesional muestra serias deficiencias en su formación. Muchas veces no saben escribir correctamente y la resolución de problemas específicos en finanzas, salud, medio ambiente, etc. está fuera de sus competencias. Por otra parte, se requiere imbuirles una preocupación de eficiencia e introducirlos al manejo de computadores. Para superar el problema de su escasa formación, se requiere una escuela de jueces y fiscales.

Para ser admitido en la escuela de jueces y fiscales se debería contar con un título profesional reconocido por alguna universidad boliviana y vencer un examen de ingreso que muestre la adquisición de conocimientos a nivel de licenciatura de derecho, cultura general y capacidad de mostrar buen juicio en casos prácticos. Para titularse, los alumnos deberán vencer los exámenes correspondientes y hacer prácticas de por lo menos 2 años en área rural. De esta manera, se podría ayudar a resolver otro problema: la escasez de servicios judiciales en área rural.

Finalmente, está la cuestión de quién debe redactar un primer borrador de una reforma judicial. Es una tarea que requiere la participación de otros profesionales fuera de los formados en derecho. Cualquier grupo de ciudadanos podría tomar la iniciativa, pero sería bien que se encargue esta tarea al Ministerio de Justicia con el concurso de ciudadanos de diferentes profesiones.