No es la primera vez que los dirigentes de la zona cocalera del trópico de Cochabamba actúan y emitan pronunciamientos por encima de la ley sin que nadie haga nada al respecto, como si existiese algún extraño poder que los cubre con un manto de impunidad.

Esta vez actuaron de esa manera contra el segundo hombre del país, el vicepresidente David Choquehuanca, a quien impidieron su libre tránsito en esa zona luego de emitir una declaración en la que lo acusaron de divisionismo y dispusieron que ninguna autoridad podrá visitar el lugar sin antes coordinar su visita con sus sindicatos y sus gobiernos municipales.

El último lunes, una treintena de personas aparecieron en una conferencia de prensa para anunciar, a nombre de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré y las 15 centrales que agrupa este sindicato, que no aceptarían el arribo de Choquehuanca “por falta de coordinación con las autoridades competentes de la Federación Chimoré y del municipio de Chimoré”.

No solamente otorgaron un rango que no corresponde a sus dirigentes (“autoridades”), sino que además pisotearon la Constitución Política del Estado (CPE), que en su artículo 21 dispone que todos los bolivianos y bolivianas tienen el derecho a “la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”.

Un atropello que lamentablemente algunas autoridades y exautoridades masistas justificaron argumentando que rige la libre determinación de los pueblos indígenas. A ellos habrá que decirles que dejen de utilizar a los pueblos indígenas para sus fines políticos, ya que la aprobación de este exabrupto nada tiene que ver con la autodeterminación, sino con la pugna interna que existe en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Pero también hubo voces sensatas en el oficialismo, entre ellas la del ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseveró que las restricciones a la libre circulación de los bolivianos son propias de los gobiernos de facto.

“Ningún boliviano tiene ninguna restricción para circular por todo el territorio de Bolivia, porque así lo manda nuestra Constitución. La libertad de circulación y la libertad de poder salir e ingresar al país son temas propios de una democracia. Ya no estamos en los tiempos de dictadura”, reflexionó la autoridad.

Ya en 2020 los cocaleros del Chapare (en específico los de Sinahota) expulsaron a un contingente policial que había llegado hasta esa zona para realizar tareas de seguridad y hacer cumplir la cuarentena determinada entonces por el Ejecutivo ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El entonces vicepresidente de las siete federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba y hoy presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó que la expulsión de policías fue producto de una reacción “espontánea y natural” de la población, pero no promovida por los dirigentes.

En este último caso de veto al Vicepresidente vulnerando la CPE, queda claro que la responsabilidad es de los dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, quienes deberían ser sujetos a algún tipo de proceso.

Sin embargo, es poco probable que eso ocurra, ya que el propio Choquehuanca, quien al final tuvo que limitar su encuentro con otro grupo dirigencial a un espacio en el mismo aeropuerto de Chimoré, dijo que “tal vez” cometió un error de coordinación. “Entendemos la situación, pero hay que seguir”, complementó.

El asunto es que ni el Vicepresidente ni ningún otro boliviano están obligados a coordinar con las federaciones cocaleras su ingreso y desplazamiento en ese territorio bajo amenazas de enfrentar movilizaciones en su contra, como ocurrió en este caso. Claro, a no ser que Choquehuanca tema a ese extraño poder que cubre con un manto de impunidad los excesos que se cometen en la zona, donde el 94% de la producción de coca no pasa por los mercados legales.