El exmandatario Evo Morales afirmó que magistrados del Órgano Judicial le confían que, por instrucción del Gobierno, deben cerrar algunos casos, lo que implica, según estas personas que lo visitan en el Chapare o le hablan por teléfono, de una descarada intromisión en asuntos estrictamente judiciales.

La declaración del jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el programa de radio Kawsachun Coca “Evo es pueblo, líder de los humildes” es una ratificación (si se comprobase) de que la justicia se encuentra subordinada al poder político, instancia desde donde se instruiría cómo deben proceder los magistrados y jueces en algunos casos que conocen.

Morales, según una nota publicada en Página Siete, afirmó que “nunca hubo una intromisión similar en el sistema judicial, como en el actual Gobierno”. Aseguró que, cuando él se encontraba en el Gobierno se reunía con los magistrados, pero solo para reclamar sobre la retardación de justicia.

La denuncia de que la justicia está sometida al poder político del país es recurrente, de parte del oficialismo, de la oposición y de otros sectores de la población, instancias que exigen una reforma estructural, de fondo, y que el Órgano Judicial recupere su independencia para que recobre su credibilidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó, en su visita al país, que recibió "preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia y falta de transparencia del sector justicia" y que, además, todos los sectores que entrevistaron sobre esta materia coinciden en que "la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno".

Esta conclusión preliminar de la CIDH ratifica que hay injerencia política sobre la justicia y convalida un reclamo persistente en el país; que es urgente realizar una purga en todas las instituciones del Órgano Judicial, con el fin de que permanezcan solo los funcionarios idóneos que adecúen su trabajo a lo estrictamente judicial, sin tomar en cuenta las presiones que se imparten desde los partidos políticos, autoridades de otros órganos del Estado o de cualquier persona.

Si el exmandatario busca un cambio real en la justicia, como esperan millones de bolivianos, deberá presentar pruebas fehacientes de lo que denuncia para que sus declaraciones no se queden solamente en palabras, como normalmente ocurre con muchos políticos que lanzan acusaciones sin evidencias.

Los cuestionamientos a la probidad de la justicia vienen desde hace varias gestiones de Gobierno (incluidos los 14 años de Evo Morales) y la denuncia más reiterativa, además de la mora procesal, es la injerencia del poder político en el Órgano Judicial que debería ser totalmente imparcial, pero que aún está muy lejos de serlo.