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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 06 de abril de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La Bancada de diputados y senadores de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) denunció ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) busca eliminar a la oposición política y civil, utilizando como pretexto políticas y recomendaciones emitidas por estas instancias.
Mediante una carta remitida a T. Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera, y al presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Jorge Omar Chediak González, Creemos denunció que en Bolivia el gobierno del MAS pretende restringir derechos fundamentales de los ciudadanos, como ser el derecho a la protesta, y crear la impunidad judicial, pretendiendo aprobar leyes que van en contra de los principios, derechos y garantías constitucionales, bajo preceptos legales que no buscan la lucha contra el terrorismo.
«Desde gestiones pasadas, se ha pretendido en diferentes oportunidades, aprobar leyes que van en contra de los principios, derechos y garantías constitucionales, bajo preceptos legales que no buscan la lucha contra el terrorismo, sino que pretenden restringir derechos fundamentales como ser el derecho a la protesta y crear la impunidad judicial», señala parte de la nota.
En ese entendido, los parlamentarios de la Alianza Creemos fundamentan su denuncia apuntando a que se pretende, una vez más introducir artículos atentatorios a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos a través de la reposición del proyecto de ley N° 218, ahora como proyecto de ley N° 280 que ya fue rechazado por la ciudadanía en gestiones pasadas, por lo que tuvo que ser retirado antes de su tratamiento legislativo.
Creemos aclara que apoya plenamente la lucha contra los delitos que la GAFI combate, como son el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero estos no pueden ser utilizados para la persecución política y la concreción de un régimen autoritario que restrinja los derechos de los ciudadanos.