El reglamento para la preselección de candidatos al Órgano Judicial aprobado este lunes por la Asamblea Legislativa contempla que para postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el más importante en el ámbito de la justicia, sólo se debe acreditar no militancia política al momento de inscribir la candidatura. Mientras que para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se debe comprobar un mínimo de ocho años sin militancia política.

El reglamento es cuestionado desde Comunidad Ciudadana. El diputado Carlos Alarcón aseguró que el MAS puede eliminar los ocho años sin militancia, incluso en los otros órganos. “Pusieron requisitos específicos que cada postulante debe cumplir para cada órgano: Son 11 para el TCP, 12 para el Supremo, 15 para el agroambiental y siete para la Magistratura, pero en el artículo 21 el reglamento señala que en la etapa de verificación de requisitos específicos, la comisión mixta sólo comprobará dos de ellos: ocho años de experiencia y que hubiera asistido al menos a un curso de formación especializada”. 

Con eso, dijo el legislador, “se admite que el resto de los requisitos no se comprobarán. Por lo tanto, queda claro que los ocho años de no militancia, pueden también pasarse por alto en la etapa de preselección”.

La Asamblea Legislativa aprobó el reglamento por mayoría absoluta el lunes, en una polémica sesión. Los opositores criticaron el documento y denunciaron que está hecho a la medida del MAS.

Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), declaró que “el reglamento permite la reelección de los actuales magistrados, siempre y cuando no sea en el mismo cargo. Si partimos de que la justicia está mal por los malos administradores de justicia, por qué les vamos a seguir dando oportunidad a estos señores cooptados por el Gobierno y han convertido a la justicia en un instrumento de persecución política para quienes piensan diferente”, manifestó el rector.

Luego, puntualizó que “todos los funcionarios públicos, asesores del Gobierno, que en este momento son militantes del MAS, el día de su inscripción renunciarán a su militancia y mostrarán que no lo son por la falta de un candado, mientras que los funcionarios públicos que estuvieron en funciones los últimos 10 años no podrían postular”, señaló Cuéllar.

Denunció, además, que “este reglamento señala que los funcionarios públicos pueden obtener 30 puntos como experiencia laboral después de los 15 años de trabajo. Pregunto: ¿Quiénes están como funcionarios públicos?, obviamente, la gente del MAS. Esto está direccionado para que solamente ellos sean los futuros administradores de la justicia”.

Por su parte, Carlos Alarcón protestó por qué se hace esta diferencia con el Tribunal Constitucional, el más importante. El reglamento dice que al momento de presentarse no debe tener militancia, no antes. Para mí, esto es como los pliegos de licitación que se hacen a medida para beneficiar a una empresa en la corrupción. Está diagramado como un reglamento a medida para que todos los que sean afines al MAS, que serán los que puedan pasar a la fase de las preguntas y la evaluación, que como ocurrió en el caso del Defensor del Pueblo, luego les filtran y les pasan las respuestas. El objetivo es un reglamento a los postulantes del MAS, que obviamente será los que tengan menos capacidad”, aseveró.

El senador del MAS Félix Ajpi respondió que “no hay estrategia ni reglas teledirigidas. Son extremadamente celosos los integrantes de la oposición que fueron parte de esto, pero como siempre, al final se retractaron”, aseveró.

Sobre por qué se definió la restricción de los ocho años para todos los tribunales menos el Constitucional, Ajpi manifestó que no ve que este sea un tema de fondo en la discusión.

La senadora de Creemos Centa Rek manifestó al respecto que “lógicamente continúa la posición del MAS decidir políticamente a los candidatos que tienen afinidad, ejercieron cargos políticos o el pasanaku, pasarlos de un órgano judicial a otro. Prima eso, se allana el camino para que no sea una elección meritocrática”, dijo.

Sociedad
Otro tema es que el reglamento define 28 representantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil, pero su función tiene únicamente carácter de acompañamiento y asesoramiento técnico dado que la atribución de preseleccionar a los Candidatos es netamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

La norma señala que se conformarán “equipos de apoyo” para el proceso de preselección de los postulantes, uno para la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y otro para la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que estarán integrados por comisionados de las siguientes instituciones: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cuatro comisionados. Colegio Nacional de Abogados, cuatro; el Colegio Nacional de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, dos comisionados, en este caso para la preselección de consejeras y consejeros de Consejo de la Magistratura. 

Luego, organizaciones indígenas originarios campesinas, como la Central Obrera Boliviana (COB), dos; la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dos; el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia (Conamaq), dos; la Confederación Pueblos Indígenas De Bolivia (Cidob), dos; la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, dos; la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia dos. En otro ámbito, la Asociación Nacional de Periodistas, cuatro comisionados, y el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía, dos.

El diputado Alarcón calificó esta comisión como “un florero que solamente sirve de adorno. Por eso no hubo consenso. En la propuesta de preacuerdo nosotros los llamábamos comités técnicos y su función iba a ser clave en la definición. Ahora son sólo de apoyo. Realmente es una burla”, aseveró.

Reveló que este fue uno de los puntos para que no haya acuerdo entre oficialistas y opositores. “Por qué no quisieron que estos comités tengan una función clave en la calificación, porque hubiera impedido que haga abuso de su mayoría dentro de las dos comisiones mixtas. Sin ese control, podrán definir que los mediocres aparezcan con más notas”, dijo.

Por su parte, Rek calificó a este equipo de acompañamiento “es simplemente para decir que hay veedores, son personas que serán mirones de palo”. Complementó que es “inaudito que ni siquiera puedan emitir una opinión pública. En caso de emitirla, serán suspendidos. Por eso, no tienen ninguna tuición. Y, como buena parte de esos invitados son de organizaciones afines, reforzarán las decisiones de los legisladores masistas, no para generar ecuanimidad ni mérito. Calculo que serán grupos de choque”. 

Félix Ajpi, respondió: “De ninguna manera, nosotros nos apegamos a la CPE. Los podemos tomar en cuenta, podemos aceptar ideas, pero debemos cumplir nuestra función”, aseguró.