Los juristas independientes que promueven el referendo constitucional para lograr la Reforma Judicial anunció este lunes que presentará un recurso de amparo constitucional y denunció que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral incurren en una “abierta restricción anulatoria de la democracia directa”, por exigir la transcripción informática de las partidas en las que los ciudadanos apoyan aquella iniciativa.

En un comunicado, el grupo de abogados que busca el referendo constitucional hace conocer en detalle cómo el Tribunal Supremo de Justicia se ha reafirmado en que se debe hacer “la transcripción íntegra y detallada de los 1,5 millones de partidas con las firmas de adhesión a nuestra iniciativa ciudadana”, a pesar de los argumentos técnicos, legales y constitucional que pusieron para que la autoridad electoral facilite este mecanismo de voluntad popular.

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“Este petitorio fue respondido negativamente por el Secretario de Cámara del TSE el 21 de marzo, después de 40 días, por lo que pedimos nos entreguen la Resolución escrita y firmada por la Sala Plena del TSE, lo que también nos fue negado, ratificando la negativa inicial, este viernes 31 de marzo. Por lo que, en los próximos días, acudiremos, de inicio, a un AMPARO CONSTITUCIONAL en defensa de la CPE y del ejercicio de la Democracia directa”, afirma el comunicado del grupo de abogados que pide la Reforma Judicial mediante un referendo para modificar la Constitución.

Antes, los juristas explican que, después de ser informados por el TSE de las características de la transcripción informática de las partidas a ser recabadas, “presentamos un oficio fundamentado al TSE impugnando el supuesto que debamos realizar la transcripción íntegra y detallada de los 1.5 millones de partidas con las firmas de adhesión a nuestra iniciativa ciudadana, lo que se constituye un flagrante impedimento a la democracia directa y participativa.

Sin embargo, en fecha 21 de marzo, el Secretario de Cámara del TSE nos respondió negativamente a la impugnación, decisión ratificada este viernes 31 de marzo”.

Juan Del Granado, Katia Saucedo, José Antonio Rivera Santivañez son algunos de los juristas que promueven la reforma constitucional.

De acuerdo con la explicación presentada por los juristas, el software “no está pensado para el registro masivo de 1,5 Millones de partidas, se limita a una base de datos en bruto, sin filtros, sin revisiones previas y sin posibilidad de enmendar errores. Facilita solo el trabajo del TSE y complejiza el del promotor, quien deberá montar centros de cómputo con técnicos dedicados exclusivamente al ingreso de información, situación imposible para una iniciativa ciudadana que no cuenta con financiamiento”.

Además, señala que con la posición adoptada por el TSE, se traba la participación ciudadana, que es defendida por la Constitución, porque los promotores del referendo no cuentan con los recursos económicos para la transcripción que demanda la autoridad electoral.

“El registro en el software demora al menos 5 a 8 minutos por transcripción de partida, sin tomar en cuenta la Apertura y Cierre del Libro que hay que realizar 30.000 veces (2 veces por cada libro). Con personal entrenado y que no cometa errores se estima que al menos se requiere de 2,5 meses para el trabajo, según este detalle:

Vale decir que, con ese personal y frecuencia, tardaríamos 2 meses y medio solo en transcribir los 1.5 millones de partidas. Además, el costo, calculado en más de un millón de bolivianos, para los promotores del Referendo es inalcanzable y se constituye en una abierta restricción anulatoria de la democracia directa y por tanto contraria a la Constitución”, argumentan los abogados.

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